En Perú, el fenómeno del “terruqueo” —la estrategia política que consiste en tildar de terrorista a ciertos proyectos políticos o a sus impulsores con el fin de generar una función de prevención y contención de los sujetos que cuestionan el orden neoliberal— tiene particularidades con respecto a otros países de la región que también experimentaron el accionar de grupos armados (Maldonado 2020).

Así, en Perú, esta práctica, que excede a los sectores de derechas —las tradicionales y las “nuevas”—, ha logrado cimentarse dentro del consenso social y estructurar la acción de los actores de todo el arco político nacional. Y es que la imagen del terrorista como un individuo irracional, sanguinario y fanatizado —sin matices— permite estigmatizar y deslegitimar a cualquier persona o grupo que sea asociado con él (Bolo 2017).

La hipótesis que desarrollamos en estas líneas es que, en la creación del sujeto terrorista —clave en el terruqueo— existieron diferentes hitos o acontecimientos históricos desarrollados en determinados momentos que moldearon los caminos y limitaron las opciones posteriores; en otras palabras, crearon un path dependence o dependencia de la trayectoria, y la transición a la democracia peruana —de 2000 a 2003— no funcionó como una crisis de coyuntura que modificara las estructuras de oportunidades políticas para las organizaciones insurgentes. De esta manera, a pesar de que el PCP-Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) finalizaron sus acciones hace más de dos décadas, siguen generando impactos relevantes en la actualidad.

En las siguientes líneas, se exploran los hitos históricos iniciados desde el conflicto armado interno y reforzados después de la transición a la democracia en Perú, empezada con el fin del gobierno de Alberto Fujimori.

Primer hito: la izquierda y su deslinde

Cuando el PCP-SL inició su acción armada, la izquierda, incluida la que había incursionado recientemente en la política legal, todavía se adscribía al paradigma revolucionario, en el que la violencia política y la lucha armada eran claves.^[1] En ese sentido, no es de extrañar que al comenzar la lucha armada del PCP-SL, a la izquierda le costara formular una crítica a esta. Sin embargo, con el transcurso de los años, tal crítica a la subversión se fue gestando, enfocándose en los “métodos o actos terroristas”, como se lee en el Plan de Gobierno 1985-1990 de Izquierda Unida. La situación se volvió aún más tensa cuando el PCP-SL empezó a asesinar a líderes de izquierda. Esta quiso deslindar del accionar de Sendero, pero sin renunciar a su horizonte revolucionario, en el que no descartaban ningún medio, y consideraban inevitable que, en algún momento, se recurriera a la violencia revolucionaria.

Todas estas figuras creadas a partir del “terrorista” alimentaron a la izquierda peruana y se mantuvieron en el tiempo, reforzándose mucho más cuando esta adoptó la óptica relacionada a la democracia institucional y la defensa de los derechos humanos.

Segundo hito: la comisión de indultos

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, los organismos de derechos humanos se encontraban en una situación particular: se sabían vigilados, pero aun así, oficialmente, podían operar porque su autoritarismo era competitivo, y no una dictadura abierta. En otras palabras, tenían un margen de acción que no podían rebasar. Esto hizo posible que los organismos defensores de derechos humanos impulsaran la conformación de la Comisión Ad Hoc de Indultos^[2] para responder al gran contingente de acusados que eran encarcelados sin juicios regulares. Como señala la historiadora Marie J. Manrique, lo hicieron usando mecanismos de preservación o de resistencia, apelando a la figura del “inocente” (Manrique 2014). Es decir, los organismos de derechos humanos debieron adoptar un discurso estratégico que luego de implantado no pudo ser revertido.

Según el reglamento de la Comisión de Indultos, entre los criterios para formular recomendaciones se encontraban la evaluación de la conducta durante el periodo de privación de libertad del preso, su situación personal, familiar, cultural y social, y su trayectoria personal. Estos criterios llaman la atención porque son factores que evidentemente no podrían determinar la afiliación o no a grupos alzados en armas.

Como puntualiza Manrique, entre los documentos de recomendaciones de indultos se encuentran argumentos que sostienen, por ejemplo, que era inverosímil que alguien que se preocupara por la fiesta de cumpleaños de su hijo o que fuera buen padre pudiera estar involucrado en actos terroristas. Esta lógica ha influido en el discurso histórico sobre los eventos en el país, perpetuando la idea de que los exmilitantes de grupos armados solo pueden ser personas con características negativas, sin considerar su contexto y motivaciones.

Esto es completamente diferente a lo sucedido en otras experiencias, en las que los organismos de derechos humanos trabajaron de la mano con los grupos alzados en armas para denunciar las violaciones de derechos humanos de las dictaduras de turno en el exterior, como es el caso de los montoneros en Argentina (Confino y González 2022).

Tercer hito: la llegada de la democracia

Teniendo en cuenta que todo lo referido se desarrolló en un contexto no democrático, tras la la caída de Fujimori (2000-2001) y la transición a la democracia se produjeron otros hitos que funcionaron como una retroalimentación de la trayectoria creada.

Durante el breve gobierno transitorio de Valentín Paniagua, el PCP-SL, ya desarmado, buscaba una “solución política a los conflictos derivados de la guerra”. La organización acomodó su discurso a la democratización por la que pasaba el país. Hubo dos intentos concretos al respecto: primero, una carta a Paniagua con el fin de solicitar una amnistía general que ayudara a cerrar heridas para lograr una reconciliación nacional (Rénique 2003) y, segundo, la disposición a colaborar con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) creada en 2001. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo éxito. El accionar de la CVR fue distinto al que esperó el PCP-SL, y este empezó a alentar un rechazo hacia aquella. De hecho, una de las primeras críticas del PCP-SL a la comisión fue que en el decreto de su creación se los denominara “organización terrorista”.

Cuarto hito:   leyes antiterroristas sin terrorismo

En 2003, las leyes antiterroristas de las décadas de 1980 y 1990 fueron modificadas después de ser declaradas parcialmente inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero estas modificaciones no fueron sustanciales. A pesar de haber sido creadas durante un régimen de excepción, estas leyes se mantuvieron vigentes durante tiempos ordinarios, incluso cuando ya no había grupos armados operando.[3] Esto ha permitido que, décadas después, se sigan promulgando leyes que perpetúan la condición de terrorista, como la prohibición de ejercer cargos de elección popular, trabajar en instancias del Estado, ejercer la docencia en cualquier nivel educativo o postular y estudiar en universidades públicas. Es importante tener en cuenta que estas leyes se gestaron durante el gobierno de Ollanta Humala y se promulgaron en el de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, no son un rezago de las leyes anteriores, sino una creación nueva para momentos y objetivos nuevos.

Quinto hito: la Ley de Reparaciones

La ley que creó el Plan Integral de Reparaciones (Ley n.º 28592) para las víctimas de la violencia política señala en su artículo 4 que “no son consideradas víctimas y por ende no son beneficiarios de los programas a que se refiere la presente Ley los miembros de organizaciones subversivas”. En ese sentido, como apunta la antropóloga Valerie Robin, existe una diferenciación discriminatoria entre “víctimas”: las “mejores” víctimas son las que fueron atacadas por Sendero Luminoso, pues ellas no están bajo un manto de sospecha que las sitúe como posibles “miembros de organizaciones subversivas” (es decir, no dignos de ser considerados víctimas) (Robin 2021). Esto hace que las víctimas de las fuerzas del orden y sus familiares se vean forzados a representar una escenificación de víctimas “atrapadas entre dos fuegos” presentada como totalmente exterior al conflicto armado.

Adición: la relación de las comunidades con el desarrollo de la violencia

Finalmente, otro elemento que se desarrolla durante parte del conflicto armado y se va fortaleciendo después es la relación de las comunidades con el desarrollo de la violencia. Como ha sostenido la antropóloga Kimberly Theidon, con el retiro progresivo del PCP-SL y la presencia de las fuerzas del orden, las comunidades intentaron distanciarse de los senderistas y ocultar los códigos de violencia quebrados (Theidon 2004).

Para lograrlo, adoptaron estrategias —como despolitizar, demonizar, externalizar y anonimizar a los miembros del PCP-SL— que fueron luego incorporadas al relato oficial, lo que generó un proceso de fortalecimiento de la narrativa oficial. Además, las condiciones socioeconómicas y la ubicación geográfica de las comunidades influyeron en la invisibilización de ciertas memorias, especialmente en zonas periféricas y precarias.

En estas líneas se ha intentado determinar cuáles han sido los hitos más importantes en la creación del sujeto terrorista comprendido como es actualmente. Consideramos que si bien la existencia de cada uno por separado no creó el fenómeno actual (y, en algunos casos, como en el de la izquierda, no tuvo ese objetivo), contribuyeron a la solidificación de las figuras que hoy, con el paso del tiempo, componen al sujeto “terruco”, clave en la política nacional.

---

^[1] Así, por ejemplo, como recuerda Pásara (2022), en el V Congreso Nacional de la Confederación Campesina del Perú, celebrado en 1976, se discutió la necesidad de una “guerra popular prolongada del campo a la ciudad”, y en 1989, el Partido Unificado Mariateguista seguía mencionando a la violencia armada como un componente central de su accionar político.

^[2] La Comisión Ad Hoc de Indultos fue creada el 17 de agosto de 1996 mediante la Ley n.º 26655.

[3] Según señalan los abogados especializados en derechos humanos Andrea Tafur y Diego Quesada, desde la transición a la democracia peruana iniciada a finales de 2000 hasta 2018, la declaración de estados de emergencia para el “combate al terrorismo” han ido aumentando progresivamente en el territorio, al punto de que ha terminado siendo normalizada (Tafur y Quesada 2020).

Referencias

Bolo, O. (2017). Mirar al familiar abyecto: recuerdo, intimidad y reconocimiento en tres documentales de la descendencia subversiva. Tesis para optar el grado académico de magíster, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Confino, H. y González, R. (2022). “Revolución, derechos humanos y exilio: montoneros y la Comisión Argentina de Derechos Humanos en los orígenes de la denuncia de la dictadura argentina (1976-1980)”. Sociohistórica, 49: e156. Disponible en: <https://doi.org/10.24215/18521606e156>,

Maldonado, H. (2020). El “terruqueo” y los guardianes del orden neoliberal. Qué hacer, vol. 5, n.º 2. Disponible en:

https://www.revistaquehacer.pe/5/el-terruqueo-y-los-guardianes-del-orden-neoliberal

Manrique, M. (2014). “Generando la inocencia: creación, uso e implicaciones de la identidad de ‘inocente’ en los periodos de conflicto y posconflicto en el Perú”. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, vol. 43, n.º 1: 53-73.

Pásara, L. (2022). La “nueva izquierda” peruana en su década perdida: de la ilusión a la agonía. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Renique, J. (2003). La voluntad encarcelada: Las “luminosas trincheras de combate” del SL del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Robin, V. (2021). Los silencios de la guerra: Memorias y conflicto armado en Ayacucho Perú. Lima: La Siniestra.

Tafur, A. y Quesada, D. (2020). “El estado de emergencia en el Perú democrático posconflicto: un estudio preliminar de las normas de emergencia”. Anuario de Derechos Humanos, vol. 2, n.º 16: 205-234.

Theidon, K. (2004). Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.