En un país en el que todo cambia para que nada cambie, no sorprende que, a pesar de las múltiples crisis, de la mayor pobreza y de la alta desconfianza, la desigualdad siga siendo vista a la vez como un asunto evidente y grave, y como algo ausente en el debate público.

El Perú se reconoce como un país con altas y múltiples desigualdades, y, a la luz de los eventos recientes, también como un país fracturado. Venimos de un periodo de reducciones (modestas) en la desigualdad de ingresos, derivadas de años de alto y sostenido crecimiento, acompañados de algunas (pocas) políticas públicas redistributivas en educación, salud, políticas sociales e infraestructura. El resultado fue un crecimiento modestamente inclusivo que permitió que sintiéramos que quizás alcanzaría para todos. También hemos visto (pequeños) avances en el cierre de brechas (de género, por ejemplo), en el reconocimiento (muy inicial) de derechos a grupos en desventaja histórica (como la consulta previa, por ejemplo) o en la puesta en la esfera pública de debates sobre racismo, exclusión y discriminación, que mostraron que como colectivo social estábamos prestando (algo de) atención a la desigualdad. Pero todo eso se terminó, dando paso a un escenario donde no tenemos crecimiento, ni inclusión, ni políticas públicas efectivas, ni fortalecimiento del ejercicio de derechos.

Hoy la desigualdad es un dato que a pocos importa, que no tiene que ver con las prioridades de quienes gobiernan —ni del Ejecutivo ni del Legislativo—, y que ocupa poco espacio en el debate público y en la agenda de los ciudadanos. Hemos vuelto a una agenda fragmentada, en la que unos reclaman solo más crecimiento económico, otros respeto y reconocimiento, y otros solo exigen prebendas, sin hacerse mayor problema sobre lo que sucede al resto o lo que esto implicará para el futuro. Nadie reclama un crecimiento distinto, inclusivo; nadie exige políticas públicas que igualen oportunidades o que nivelen la cancha para todos los ciudadanos; nadie discute en serio fórmulas para una distribución distinta de los recursos y del poder.

Pero las múltiples desigualdades están ahí, y requieren atención y análisis si queremos entender lo que pasa en el Perú, y, sobre todo, si en algún momento queremos, como sociedad, tomar acción frente a ellas.

Los peruanos somos conscientes de las múltiples desigualdades existentes (o de buena parte de ellas). En junio de este año, una encuesta del Área de Estudios de Opinión del IEP indagó en las percepciones de desigualdad, y halló que el 64 por ciento considera que la desigualdad de ingresos (entre ricos y pobres) es muy grave, el 61 por ciento que la desigualdad entre Lima y provincias es muy grave, y el 56 por ciento que las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales son muy graves.

Estos datos pueden parecer muy altos, pero no lo son tanto si los comparamos con los de una encuesta similar aplicada un año antes. La percepción de la gravedad de las desigualdades entre ricos y pobres, y entre lo urbano y lo rural disminuyó levemente. Por el contrario, la percepción de que la desigualdad entre Lima y las provincias es muy grave pasó del 56 a 61 por ciento (véase gráfico 1 y cuadro 1).

Gráfico 1: Percepción sobre la gravedad de diferentes tipos de desigualdad, según nivel socioeconómico

Cuadro 1: Percepción sobre la gravedad de diferentes tipos de desigualdad, según nivel socioeconómico.

Los mayores cambios entre ambas encuestas se concentran en las percepciones de quienes viven en la región sur. Si en 2022 esta región del Perú respondía de forma similar al promedio nacional, en la actualidad el porcentaje de quienes consideran muy graves las diferentes formas de desigualdad en el sur supera este promedio. En particular, se incrementa sustantivamente su percepción de la gravedad de la desigualdad entre Lima y las provincias, que pasa del 58 a 69 por ciento. Esta cifra supone 8 puntos porcentuales más que el agregado nacional.

Un segundo dato importante es que, aunque disminuye respecto a 2022, la percepción de que las desigualdades son muy graves está muy extendida entre los limeños: 64 por ciento considera muy grave la desigualdad entre ciudades y mundo rural (frente al 70 por ciento de hace un año). Este porcentaje supera en 8 puntos porcentuales el agregado nacional.

Los limeños miran con especial preocupación la desigualdad entre lo urbano y lo rural, mientras que quienes viven en el sur destacan la desigualdad entre Lima y el resto de las provincias. Para los limeños el problema de la desigualdad se refiere a quienes enfrentan las mayores exclusiones, como son los peruanos que viven en el mundo rural (recordemos que vivir en ruralidad está asociado con mayor pobreza y peor calidad de servicios). Por el contrario, para los habitantes de la región sur la desigualdad, considerada como más grave por más ciudadanos, es la que viene definida por el contraste de su región con la capital. Lima ve desde la parte alta desde el extremo superior y el sur desde el extremo inferior de la distribución.

En general la percepción de desigualdad es mayor en las ciudades y en los estratos más acomodados. Como vemos en los gráficos 2 y 3, mientras más acomodada es la situación socioeconómica, mayor es la diferencia entre quienes consideran muy grave las diferentes formas de desigualdad (económica, entre lo urbano y lo rural, entre Lima y provincias) y quienes las consideran poco o nada graves. A pesar de ello, a la hora de actuar la desigualdad no está en su agenda.

Gráfico 2: Percepción de diferentes tipos de desigualdad, según nivel socioeconómico en 2022.

Gráfico 3: Percepción de diferentes tipos de desigualdad, según nivel socioeconómico en 2023.

Como somos un país al que le falta para ser realmente considerado de ingreso medio (a pesar de lo que dicen los niveles promedio de PBI per cápita) y una sociedad con apenas un mínimo de servicios garantizados, todos sentimos que nos falta algo: nos falta Estado, nos falta cohesión social y acción colectiva, nos falta infraestructura, nos faltan servicios de calidad, nos falta seguridad, nos falta reconocimiento, nos falta poder, nos falta riqueza. De todo ello tenemos un poquito, pero no suficiente, por lo que priorizamos nuestras propias demandas y dejamos que quienes tienen menos se hagan cargo de sus propias (mayores) carencias y de sus reclamos, a pesar de reconocer que son estos grupos los que tienen menos recursos, poder, servicios, voz, etc. Y con ello se reproduce y amplía la desigualdad, pues esta no es solo un tema distributivo, sino también de reconocimiento y de participación.

Estos grupos de relativo privilegio son conscientes de la desigualdad, se preocupan por ella, pero no toman acción, no sienten que deban hacerlo. Muchos de quienes consideran estas desigualdades muy graves no exigen al respecto, ya sea porque piensan que cualquier agenda redistributiva se traduciría en una pérdida de bienestar para ellos (más impuestos, menos prebendas, menos privilegios, menos prioridad en la agenda pública, menos poder) o porque consideran que el problema es de los “otros”, de quienes están en una situación de desventaja. La idea de discutir estrategias redistributivas no entusiasma a quienes consideran grave la desigualdad. Es cierto que tampoco los compromete la agenda de lucha contra la pobreza, el hambre o la malnutrición de los niños, pues la mayoría considera que esa tarea corresponde al Estado y que se trata de una preocupación de los pobres, de quienes pasan hambre.

Las percepciones sobre las desigualdades dan cuenta, una vez más, de lo heterogénea que es la lectura de los ciudadanos —de distintos grupos y regiones— acerca de la realidad del país y sus brechas. Pero, al mismo tiempo, nos revelan que a la mayoría de los peruanos la desigualdad no les es ajena. Esta constatación tendría que obligarnos a al menos dos cosas: a aprovechar la consciencia sobre el tema para discutir y releernos como país, y a dejar de repetir promedios nacionales que no reflejan nada, que no representan a ningún ciudadano, para hablar de y desde las diversas realidades que enfrentamos los peruanos.

Poner las desigualdades en la agenda pública es complejo. Es un asunto que preocupa, pero sobre el que es complejo proponer acciones desde el ciudadano. Quizás por ello habría que discutir y analizar los efectos de estas múltiples desigualdades en la vida social y política de las personas, en su quehacer cotidiano, para a partir de ahí identificar acciones que acompañen y den consecuencia a la elevada percepción sobre la gravedad de estas desigualdades en los distintos grupos y segmentos sociales del país.