Las mujeres, en su diversidad, afrontan serios desafíos en el entorno político institucional y también a causa de las transformaciones sociales de los últimos años. La discriminación y violencia por motivos de género, que se extienden a los ámbitos político y social, son un problema de derechos humanos[1] que afecta no solo a la calidad de la democracia, sino el funcionamiento institucional, agravado con la incorporación a este de imaginarios y comportamientos delictivos o criminales. Esto influye en las tendencias de desarrollo de los países y en sus diferentes niveles de gobierno y territoriales, y genera escenarios de riesgo que influyen en el aumento de la conflictividad, la desigualdad, la polarización y las crisis múltiples, donde mujeres de diferentes edades e identidades son las más perjudicadas. Actualmente, la mayoría de peruanos diría que el país está peor que hace 12 meses, especialmente para 68% de las mujeres.[2]

Por un lado, en las últimas décadas, se implementaron un conjunto de normas y políticas de protección y promoción de los derechos de las mujeres en la región. Sin embargo, los primigenios límites de las democracias latinoamericanas, junto con la discutida regresión democrática del último quinquenio,[3] han significado, en algunos casos como el peruano, un desmantelamiento de los avances realizados y, en otros, una manifiesta posibilidad de retroceso.

Por otro lado, esas afectaciones, más centradas en el plano institucional, se combinan con un avance de las economías no formales que ponen en mayor riesgo la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes en algunos territorios del país.[4] La trata de personas, por ejemplo, se profundizó debido al debilitado o ausente control estatal que se extendió dadas las condiciones restrictivas de la pandemia del covid-19.[5] Además, los espacios locales con mayor desarrollo de economías ilícitas, principalmente vinculadas a actividades extractivas, se convierten en territorios con un sistema de control alternativo asociado a las mafias, situación en donde las mujeres son principalmente las víctimas.[6] En la encuesta de opinión del IEP de enero de este año, 28% de las mujeres entrevistadas sostienen que la trata de personas es la economía ilegal que afecta más al país, 10 puntos porcentuales por encima de sus pares hombres.[7]

Ambos procesos ilustran un retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres y hacen necesaria una reflexión más profunda. Paradójicamente, esto ocurre mientras las mujeres tienen mayor protagonismo en la política institucional. Perú, por ejemplo, tiene su primera presidenta mujer. Mujeres como la presidenta han llegado a puestos de poder gracias a cuotas de género para la participación política. Sin embargo, el compromiso de algunas de estas mujeres, como las que pertenecen a partidos políticos conservadores, rechazan e incluso contradicen los avances de la agenda de derechos de las mujeres, tanto respecto a los roles estereotipados de género hasta el acceso a la píldora del día siguiente y el aborto seguro. Además, en algunos casos, sus acciones se vinculan con una tendencia autoritaria, que es recurrente en la precaria afirmación democrática de nuestra región. Lo ocurrido en estos últimos años se enmarca en el acentuamiento del conservadurismo social que es parte de una oleada más amplia en el mundo.[8] Además, todo ello se hace más desafiante y riesgoso en América Latina, dentro de un contexto social y económico golpeado por la pandemia y el avance territorial de las actividades no formales, que tienen una alta rentabilidad para quienes participan en ellas, pero inciden negativamente en la sostenibilidad y el bienestar de muchos hogares, además de acarrear serias consecuencias ambientales.

La situación actual de la región cuestiona las formas en que se ejerce el poder y toman las decisiones. Se necesita atender integralmente los nuevos problemas sociales, donde la realidad invisibilizada de muchas mujeres es central, como las luchas de las defensoras ambientales y las mujeres que atienden el problema de la alimentación. Mientras no se atiendan las agendas del más de 50% de la población, los proyectos políticos serán endebles. Estamos ante una doble constatación: no hay democracia si esta no toma en cuenta los derechos de las mujeres, pero nuestra lucha tampoco es efectiva si no se construye una democracia que contemple los desafíos comunes que enfrentamos. Se encuentra pendiente que las diversas demandas sociales se articulen para repensar los necesarios cambios políticos. Es importante que las transformaciones impostergables en materia de género se basen en las experiencias que atraviesan las diferentes mujeres de nuestros territorios, especialmente a la luz de los nuevos procesos socioeconómicos y políticos, cuyos riesgos son mayores para los derechos y los horizontes de una democracia que sea sostenible.

[1] Laura Albaine (2021). “Violencia política contra las mujeres por motivos de género en América Latina. Estrategias legales y el rol de los organismos electorales”. Revista Elecciones, vol. 20, n.º 21: 163-188. Disponible en: <https://doi.org/k7bj>.

[2] IEP. Informe de opinión-Enero 2024.

[3] Paolo Sosa (2023). “Violencia política contra las mujeres en razón de género”. Revista Elecciones, vol. 22, n.º 26: 7-15. Disponible en: <https://doi.org/k7bj>.

[4] Paola Patiño, Nubia Bonopaladino y Omayra Peña (2022). Rol de los gobiernos subnacionales frente a la lucha contra la trata de personas en contextos de minería informal: Madre de Dios y Piura. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social. Disponible en: <https://cies.org.pe/investigacion/rol-de-gobiernos-regionales-y-locales-frente-a-la-lucha-contra-la-trata-de-personas-en-contextos-de-mineria-informal-piura-y-madre-de-dios/. Claudia Grados, Claudia Medina y María Grados (2020). Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura. Consorcio de Investigación Económica y Social. Disponible en: <https://cies.org.pe/investigacion/balance-sobre-la-situacion-actual-de-la-trata-explotacion-sexual-y-violencia-sexual-en-zonas-de-mineria-informal-de-madre-de-dios-y-piura/>. Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera (2021). Las economías criminales y su impacto en el Perú. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Lima: Konrad adenauer Stiftung, Capital Humano y Social Alternativo, Usaid. Disponible en: <https://chsalternativo.org/publicaciones/las-economias-criminales-y-su-impacto-en-el-peru-cuales-cuanto-donde-como/>.

[5] Patiño et ál. 2022.

[6] Patiño et ál. 2022.

[7] IEP. Informe de opinión-Enero 2024.

[8] Solo en la región latinoamericana, el triunfo de Milei en Argentina ha activado muchas alarmas, tanto por sus efectos en la agenda de género como por sus consecuencias en el desmantelamiento institucional, la crisis económica y, en términos generales, la situación de la democracia.