Tras los efectos de la pandemia de la covid-19 en el Perú, muchos peruanos han perdido la esperanza en el futuro del país. Los datos de la emigración en números notables tras la victoria de Pedro Castillo en 2021 son contundentes: bien sea por el estancamiento de la economía o por la pérdida de esperanza en las autoridades electas, miles de peruanos se han asentado en otros países. Los que se quedaron tienen pocas expectativas del futuro del país, bien sea de su situación económica personal o de la capacidad de los gobernantes para revertir la situación para bien, como ha revelado la última encuesta del IEP.

Curiosamente, el cambio de gobierno de 2022 no parece haber mejorado las cosas: un indicador como la confianza empresarial, que debería responder positivamente al giro ideológico del nuevo gobierno, no actúa en consecuencia. Por el contrario, al igual que el resto de los ciudadanos, el sector empresarial parece también esperar un nuevo escenario de inestabilidad social que impide cualquier perspectiva de crecimiento de la inversión privada (cuyas expectativas a corto plazo también son muy bajas).

La solidez de la macroeconomía —representada por el manejo responsable que hace el BCR— ya no es argumento suficiente para quienes quieren ver al país en positivo: palidece en comparación con el bajo crecimiento económico, el aumento de precios y las perspectivas de los evidentes estragos que dejará el fenómeno El Niño en 2024. La inseguridad en las calles (algunos distritos de las grandes ciudades ya están oficialmente tomados por la delincuencia organizada) lleva a que los disminuidos ingresos de los peruanos se vean aún más menguados por el hurto, el robo y la extorsión.

En cuanto a lo político, la esperanza de mejoras que abrió la implantación de reformas de amplio espectro (es decir, por una mayoría de congresistas) como la reforma educativa o la adopción de la Junta Nacional de Justicia se diluye cada semana. Las libertades políticas y civiles no han logrado abrirse paso, y el Perú se asienta como el país conservador que busca conservar lo peor de la tradición republicana: la baja calidad de la educación, el irrespeto por la vida y la libertad de las personas, y la indolencia de las autoridades para pensar en el bien público.

En ese sentido, cabe la pregunta acerca de las expectativas de los peruanos ante un posible desmantelamiento del equilibrio de poderes en el futuro inmediato; un escenario donde incluso la neutralidad electoral para las siguientes elecciones generales haya sido comprometida por el proceso político venidero. En ese caso, la promesa de la renovación de autoridades no será suficiente para aquietar un escenario de conflictividad social nuevo, tal como el ocurrido a fines de 2022. No digo que la gente salga a protestar por la democracia; no lo han hecho en los últimos siete meses de manera masiva. Cualquier hecho, apolítico incluso, puede llevar a esa movilización. Si la realización de elecciones ya no es suficiente en tanto ha operado un copamiento de los entes electorales y judiciales, ¿qué agenda esperar de esas nuevas protestas?

La mayoría de los limeños vio horrorizada la violencia de las protestas en el sur de 2022, en un escenario donde el Congreso se mostraba abierto a elecciones adelantadas; es decir, a ceder parte de su poder. ¿Qué tipo de protestas veremos en esta nueva coyuntura, cuando el Congreso está decidido a imponer su legalidad de origen sobre la legitimidad de todo el sistema constitucional? Lo cierto es que, a estas alturas, los peruanos que no están comprometidos con la agenda de desmantelamiento de los avances pueden estar debatiéndose entre la huida, por un lado, y protestas con agendas más radicales por el otro; ambas con resultados lamentables para el país.