La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política ha escrito un informe valioso. Tras años en que los intentos de reforma desde la academia y sociedad civil pasaron por el cabildeo de Transparencia y otras organizaciones ante el Congreso y -en menor medida- el Ejecutivo, la Comisión ha aprovechado una oportunidad única de permear el sistema político con un diagnóstico que sintetiza muy bien las discusiones académicas sobre el Perú político desde el 2001. Esto era muy necesario: en años anteriores hemos visto la aprobación de normas disparatadas y en completa desconexión con los hacedores de evidencia. Curiosamente, la más dramática de todas fue durante el Congreso anterior: aquella que llevó a la exclusión de candidatos por otorgar dádivas en las elecciones generales de 2016; medida que llevó al colapso a la judicatura electoral, y que -por su arbitrariedad- dejó atónitos a los observadores electorales internacionales.

El reto ha sido gigante: generar una propuesta de reforma integral en un plazo muy breve, sostenido básicamente en el respaldo político inicial del Ejecutivo para impulsar el debate sobre los principales cambios por los que debe pasar el país de cara al bicentenario. Sin embargo, el contexto general no puede ser menos propicio: la lideresa del partido mayoritario en el Congreso está presa y nos aprestamos a conocer las declaraciones de Jorge Barata sobre los sobornados por Odebrecht en el Perú. Es decir, el 2019 promete continuar la senda de “política judicializada” y de tensiones Ejecutivo-Congreso que, a raíz del caso Odebrecht, caracterizó el año pasado. De querer comprometerse con todas estas reformas (o al menos con el corazón de ellas), el Congreso deberá dar muestras de una reconversión dramática respecto a su comportamiento en los años anteriores.

El informe tiene aportes valiosos. Me centraré en aquellos que apuntan hacia una mayor apertura del sistema político hacia la ciudadanía, en dos líneas de trabajo: la promoción del acceso a la información pública y la facilitación de la rendición de cuentas. La propuesta incluye medidas muy pertinentes vinculadas a gobierno digital: por ejemplo, la apertura del padrón de afiliados en línea, así como su actualización inmediata. En el futuro inmediato, el involucramiento ciudadano con el Estado (incluyendo, por supuesto, el Registro de Organizaciones Políticas) debería pasar por algo tan sencillo como acceder a una web para afiliarse y desafiliarse de un partido o movimiento regional. La democracia del bicentenario no debería pasar por padrones físicos de afiliados y firmas.

Asimismo, la ampliación de la información en las hojas de vida y la declaración de intereses es un gran paso adelante para fomentar el acceso a la información pública. A esta propuesta también debería añadírsele un sistema de actualización inmediata de esta información, en caso de presentarse cambios sobrevenidos a la fecha de presentación de la información. La reducción del plazo para la prohibición de encuestas a 24 horas antes de la fecha electoral también mejora las condiciones del espacio cívico en la campaña electoral, al sincerar la dinámica de secretismo que caracterizaba el seguimiento a las preferencias políticas días antes de las elecciones.

Otra reforma valiosa sugerida vinculada a la rendición de cuentas pasa por la apertura de la información de las gestiones a los consejeros regionales y municipales para sus labores de fiscalización, sin pasar por las autorizaciones del Consejo respectivo. Al no tocar temas que sean secreto de Estado, resulta insólito que exista este requisito sobre funciones que deberían ser ampliamente fiscalizadas por órganos del gobierno y ciudadanía.

Por supuesto, como todo esfuerzo humano, el informe también presenta limitaciones, algunos impuestos por las difíciles circunstancias actuales. En primer lugar, como señalábamos, un “sobre-optimismo” respecto a la colaboración de los poderes del Estado durante el próximo año. El mismo informe señala que apostó conscientemente por una propuesta ambiciosa, por encima de una minimalista. En el transcurso de 2019 podremos tener certeza de cuán acertada fue esta apuesta. Asimismo, en esa búsqueda por “tocar la realidad”, el informe modera estratégicamente algunas de sus posiciones: por ejemplo, con la propuesta (esbozada en el resumen ejecutivo, pero no incluida en los proyectos de ley) de permitir una reelección parlamentaria inmediata. Todos sabemos que cualquier tipo de prohibición a la reelección congresal ahonda en el problema de la falta de calidad del parlamento, pero -por supuesto- las condiciones para derogar una de las reformas más populares del actual gobierno no están dadas.