Un profesor hace una pregunta en clase. Hay un breve silencio. Algunos estudiantes bajan la mirada, otros revisan sus apuntes, unos pocos levantan la mano con seguridad. La escena es cotidiana, casi invisible, y podría parecer una diferencia de carácter. Pero la universidad, como la realidad social, rara vez es tan simple.  Al participar también se juega la libertad académica: no todos hablan en las mismas condiciones, ni con la misma confianza de ser escuchados.

La escena descrita permite observar una dimensión menos visible de la libertad académica: las condiciones simbólicas que definen quién puede hablar, quién es escuchado y qué voces son reconocidas como legítimas dentro de la universidad. Detrás de una mano levantada suele haber familiaridad con el lenguaje académico, confianza y sensación de pertenencia. Detrás del silencio, muchas veces, no hay desinterés, sino cálculo: evitar equivocarse, no revelar demasiado el origen, no quedar expuesto ante los demás.

En la entrega anterior señalamos que la libertad académica no puede entenderse únicamente como autonomía institucional, libertad de cátedra o ausencia de censura. También depende de condiciones materiales: recursos, tiempo, transporte, conectividad, apoyo institucional y acompañamiento académico. En esta segunda parte avanzamos hacia otra dimensión del problema: las condiciones simbólicas que definen quién puede hablar, quién es escuchado, qué temas son reconocidos como legítimos y qué voces siguen ocupando los márgenes de la universidad peruana.

Esta última dimensión se hace evidente una vez que los estudiantes están dentro. Porque ingresar y permanecer no resuelve todo. También hay que aprender a habitar el aula, participar en debates, formular preguntas, acercarse a docentes, proponer temas de investigación y disputar reconocimiento. Allí la libertad académica se vuelve una experiencia cotidiana, hecha de gestos mínimos, silencios, autorizaciones, temores y posibilidades.

Hablar en la universidad no es solo emitir una opinión. Es hacerlo en un registro considerado legítimo, dominar ciertos códigos, citar autores, argumentar con seguridad, escribir con fluidez y manejar vocabularios especializados. Para algunos estudiantes, estos códigos forman parte de una socialización previa. Para otros, constituyen una lengua que se aprende en medio de la carrera. De allí que la participación en clase no pueda entenderse únicamente como un asunto de personalidad. Muchas veces, el silencio es una forma de protección frente a la posibilidad de ser juzgado.

El dominio del inglés aparece como una frontera importante. Acceder a bibliografía y oportunidades internacionales depende esta competencia que no todos poseen.  En Perú, la enseñanza del inglés está estratificada, haciendo de su dominio una ventaja acumulada. Algo similar ocurre con el castellano académico. No todas las formas de hablar son valoradas de la misma manera. El acento o la procedencia regional pueden convertirse en marcas de diferencia dentro de un espacio que, formalmente, se presenta como meritocrático.

La pregunta por quién puede hablar se vuelve, por ello, fundamental. En la universidad, la palabra no circula en condiciones iguales. Algunas voces son escuchadas con mayor atención; otras deben demostrar permanentemente su legitimidad. Esto ocurre por razones de clase, origen, género, trayectoria educativa o familiaridad con los códigos académicos. No se trata solo de tener ideas, sino de que esas ideas y la forma en que se expresan sean reconocidas como académicamente válidas. En este sentido, una libertad académica plena permite la expresión, pero también implica construir condiciones para que distintas voces sean tomadas en serio.

El género introduce otra dimensión decisiva. Las mujeres enfrentan obstáculos específicos, aunque a veces sutiles, para ejercer su libertad académica. Con frecuencia se manifiestan como interrupciones, comentarios sexistas, desconfianza, acoso, paternalismo o menor reconocimiento de sus intervenciones. En algunos espacios, especialmente en disciplinas más masculinizadas, las estudiantes deben demostrar con mayor intensidad su competencia intelectual. En otros, aunque exista un discurso institucional sobre igualdad, las prácticas cotidianas no necesariamente cambian al mismo ritmo.

La libertad académica se restringe cuando una estudiante duda antes de intervenir porque anticipa una reacción despectiva, cuando evita espacios por temor al acoso o cuando siente que sus temas de interés son considerados secundarios. También se restringe cuando la autoridad académica sigue asociada a voces masculinas y cuando las discusiones sobre género o feminismo son tratadas como imposiciones antes que como problemas legítimos de investigación. El problema no se reduce a la presencia de mujeres en las aulas, sino a las condiciones en que participan, el reconocimiento que reciben y los costos que deben asumir para sostener su voz.

Otro punto claves es la relación entre libertad académica y temas de investigación. En teoría, la universidad debería ser un espacio para formular preguntas incómodas y explorar problemas emergentes. En la práctica, no todos los temas tienen las mismas condiciones de desarrollo. Algunos cuentan con docentes, líneas de investigación, bibliografía y legitimidad institucional. Otros quedan en los márgenes porque son considerados demasiado recientes, muy políticos, poco tradicionales o difíciles de asesorar. Y aunque no se prohíben, son limitados por falta de acompañamiento, ausencia de especialistas, poca apertura curricular o desinterés institucional.

En una universidad privada, algunos estudiantes señalan que existen temas socialmente más aceptados o mejor acompañados que otros. Investigar ciertas problemáticas puede resultar más viable si hay docentes disponibles, cursos relacionados y redes previas. En una universidad pública, la tensión puede aparecer bajo la forma de límites disciplinarios: qué se considera propiamente histórico, sociológico o académico; qué temas son aceptados como relevantes; qué metodologías se reconocen como válidas. En ambos casos, la libertad académica se ve condicionada por estructuras de validación. No siempre se prohíbe investigar; a veces simplemente no hay respaldo, asesoría o reconocimiento.

Esta situación es especialmente delicada en temas vinculados a memoria, conflicto armado interno, violencia estatal, protesta social, género, racismo o desigualdad. En el Perú, algunas discusiones siguen marcadas por sospechas políticas. Las universidades deberían ser espacios privilegiados para tratarlas con rigor, pero muchas veces actúan con cautela. El miedo al escándalo, a la estigmatización o a la acusación pública puede producir formas de autocensura institucional. Así, la libertad académica no se pierde de golpe, sino que se estrecha mediante silencios, demoras, restricciones administrativas o falta de respaldo.

La libertad académica también se expresa en la relación entre estudiantes, docentes y autoridades. Aunque un aula esté abierta al debate, la universidad puede ser jerárquica en sus formas de decisión. Los estudiantes pueden participar en clase, pero no necesariamente en la definición de planes de estudio, mecanismos de acompañamiento, protocolos de cuidado o espacios de investigación. Cuando estos espacios son débiles, cerrados o poco vinculantes, la libertad académica se reduce a una práctica individual y pierde su dimensión colectiva.

Un hallazgo relevante de las entrevistas es que muchos estudiantes no tenían una definición clara de libertad académica. La asociaban con libertad de expresión, posibilidad de elegir temas, autonomía para investigar o derecho a opinar. Esta comprensión intuitiva revela que la libertad académica es valorada, pero poco discutida institucionalmente. Las universidades forman en teorías, métodos y autores, pero no siempre explican qué condiciones permiten pensar libremente ni qué derechos sostienen la vida académica. Se habla de pensamiento crítico, pero pocas veces se discuten las desigualdades que hacen posible o imposible ejercerlo.

Si los estudiantes no nombran la libertad académica, pueden vivir sus restricciones como problemas individuales: timidez, inseguridad, dificultad para escribir, miedo a opinar o falta de contactos. Pero cuando esas experiencias se observan en conjunto, revelan un problema estructural. No se trata solo de estudiantes que no participan, no investigan o no se integran. Se trata de instituciones que no siempre garantizan las condiciones para que todos puedan hacerlo. Nombrar la libertad académica permite convertir experiencias dispersas en una discusión pública sobre derechos, desigualdad y democracia universitaria.

Si en la primera entrega sostuvimos que la libertad académica también se aprende —o se limita— con hambre, cansancio, distancia y desigualdad, en esta segunda parte hemos querido mostrar que esa afirmación no es solo una metáfora. La libertad académica se juega en condiciones concretas: en la seguridad para hablar, en la legitimidad que se concede a ciertos lenguajes, en el reconocimiento que reciben determinadas voces, en los temas que logran encontrar respaldo, en la posibilidad de participar en decisiones y en la capacidad de la universidad para escuchar a quienes la habitan.

Defender la libertad académica en el Perú no puede reducirse a la ciertamente imprescindible tarea de proteger la autonomía universitaria de amenazas externas. También exige mirar hacia dentro de las instituciones y preguntarse quiénes pueden ejercer realmente esa libertad. Una universidad democrática no es aquella donde solo pueden hablar quienes ya dominan los códigos académicos, sino aquella que transforma sus condiciones para que más estudiantes puedan pensar, investigar, disentir y permanecer sin que su origen social, género, acento, precariedad o territorio se conviertan en obstáculos permanentes.

La libertad académica, finalmente, no es solo el derecho a decir algo. Es el derecho a tener condiciones para producir conocimiento y ser reconocido como parte legítima de la conversación universitaria. En un país como el Perú, esa tarea implica construir universidades capaces de escuchar más voces, abrir más temas, sostener debates difíciles y reconocer que la democracia universitaria no se mide únicamente por sus reglamentos, sino por la posibilidad real de que todos puedan pensar, hablar y permanecer.

———

Este artículo se basa en la investigación titulada Libertad Académica en tiempos de desigualdad: Un laboratorio de reflexión para el Perú, realizada por Dynnik Asencios, Hatsumi Otsu y Milagros Badillo, como parte de la convocatoria de investigación “Fortalecimiento de la investigación comparada y el pensamiento crítico en el marco de la libertad académica en las Américas”, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA).