En el Perú una escena se repite cada cierto tiempo. Cuando el sur andino —Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Huancavelica— vota contrariando al resto del país o se moviliza en las calles, el voto aparece sospechoso, la protesta se transforma en amenaza y los peruanos que participan en ellas se vuelven menos ciudadanos.

Hoy vuelve a ocurrir. El pase de Roberto Sánchez a la segunda vuelta, impulsado por el voto de gran parte de la sierra y la selva, desató un sinfín de manifestaciones racistas y clasistas en las redes sociales. El excandidato Rafael López Aliaga denunció fraude sin pruebas y puso en duda que los electores rurales supieran siquiera llenar un acta. Por su parte, un streamer con cientos de miles de seguidores calificó a los votantes de “andinos burros” y “serranos de mierda”, fantaseando incluso con “tirarles una bomba”.

Este panorama recuerda mucho a lo ocurrido en las elecciones de 2021. El abogado de Fuerza Popular declaró que “la serranía de todo el país y los lugares alejados han llenado las ánforas a su antojo”[1]. La congresista Patricia Juárez señalaba a mesas de votación de Acora y Chupa como evidencia de fraude, porque en ellas Fuerza Popular había sacado cero votos, como si resultara imposible que nadie quisiera votar por su candidata[2]. Aldo Mariátegui, por su parte, habló de la «decadencia intelectual de ese otrora faro del sur que era Arequipa» por haber votado por Castillo[3].

Esta reiteración no es casual. Se trata de un patrón con años de historia y actores estables que se activa cada vez que la región incomoda políticamente. Nuestro análisis de 283[4] declaraciones públicas emitidas entre 2001 y 2025 por autoridades políticas, periodistas, empresarios y representantes del orden, revela que este patrón combina tres mecanismos que se superponen constantemente: presentar al sur andino como amenaza, negar su autonomía política y ubicarlo simbólicamente como una región inferior.

Cuando López Aliaga denuncia fraude sin pruebas y habla de defender la “democracia”, convierte el resultado electoral en un peligro para la nación. Cuando se afirma que los votantes de Sánchez fueron engañados, se les niega la capacidad de decisión. Cuando un streamer pide “tirarles una bomba” a los “serranos”, los expulsa de la comunidad política. De esa manera, el sur andino es representado como un “otro político” problemático, cuya participación debe ser contenida, tutelada o desautorizada desde el centro del poder.

Este repertorio tiene raíces más profundas que la coyuntura electoral. La historiadora Cecilia Méndez ha argumentado de manera convincente que el racismo de hoy no es una simple herencia colonial que no se ha podido superar, sino una creación de la propia República[5]. Cuando el nuevo Estado prometió igualdad jurídica para todos, sectores de la élite —sobre todo limeña— encontraron en el racismo la herramienta para evitar que esa igualdad se convierta en realidad. Se legitimó así una nueva jerarquía social basada en el color de piel, el origen regional y la clase social.

Por ello no sorprende que los ataques contra el sur andino sean más intensos no solo durante las elecciones —sobre todo después de la primera vuelta —, sino también durante las protestas. Son los momentos en que amplios sectores de la población exigen ser tratados como ciudadanos y reclaman derechos históricamente postergados. Y eso, para quienes se benefician del orden jerárquico, resulta intolerable.

Pero el sur andino no ha sido pasivo frente a estos discursos. El voto ha sido una de las formas en que ha respondido. Y para entenderlo hay que partir de algo que el debate actual suele pasar por alto. Siguiendo a Cecilia Méndez, entendemos que estos ataques no son simples opiniones, sino una forma de “violencia invisible”[6]. Cuando se normaliza la idea de que el sur es irracional, manipulable o peligroso, se fijan jerarquías de ciudadanía entre quienes merecen ser escuchados y protegidos, y quienes pueden ser fácilmente reprimidos, despreciados o incluso asesinados, sin que la mayoría se escandalice.

Esa violencia invisible se ha traducido también en violencia física ejercida por el propio Estado. No se trata solo de agresiones en medios y redes, sino de operativos policiales y militares que han dejado decenas de muertos en la sierra central y sur en los últimos años. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la represión a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte dejó alrededor de 50 civiles asesinados, muchos de ellos campesinos y jóvenes quechuahablantes. En abril de 2026, en plena campaña electoral, cinco muchachos fueron abatidos por una patrulla del Ejército en Colcabamba, Huancavelica, en un caso que sigue sin esclarecerse del todo. Hasta hoy, ninguna autoridad ha recibido condena por estas muertes, recordándole a muchas familias del sur andino cuál el es su lugar dentro de la República.

Frente a ello, la población construye memorias colectivas sobre quiénes son sus adversarios, desde dónde hablan y a qué intereses representan. Por eso, cuando Phillip Butters —el mismo que en 2022 había preguntado en televisión por qué a los manifestantes no les habían “metido un balazo en la cabeza”— llegó a Juliaca en octubre de 2025 buscando votos como precandidato, la ciudad salió a rechazarlo masivamente. Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, fue directo: «Tenemos memoria y a nosotros no nos van a comprar con sus monedas […] Así como nos han terruqueado, así como nos han botado de la Plaza San Martín, lo mismo vamos a hacer acá en nuestro territorio de quechuas y aimaras»[7]. No es la voz de alguien manipulado, incapaz de comprender la política. Es un ciudadano que recuerda con precisión los hechos y sus significados sociales, identifica a sus agresores y reivindica la legitimidad de su protesta.

A estas formas de violencia se suma el de la pobreza. En el debate público suele asumirse que el sur andino vota como vota porque es pobre y “no entiende”. La evidencia va en otra dirección. La politóloga Cécile Lavrard ha mostrado que, en las regiones andinas que vivieron con más fuerza el terrorismo y la represión estatal, la violencia estatal fue experimentada como exclusión económica y privación del acceso a la riqueza frente a otras zonas del país[8]. En ese contexto, la pobreza es percibida como violencia social y el voto aparece como una respuesta política frente a un orden percibido históricamente como injusto. No resulta casual, entonces, que varias regiones del sur andino hayan respaldado sucesivamente candidaturas como las de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Roberto Sánchez.

El voto del sur andino en 2026 condensa todo eso: la pobreza sin respuesta del Estado, el desprecio manifiesto de las esferas del poder, la memoria de las víctimas sin justicia y la búsqueda de proyectos de cambio social. Nada de ello puede reducirse a irracionalidad, extremismo o manipulación. Son demandas de democratización postergadas por décadas en el Perú.

La campaña de la segunda vuelta no será solo una disputa entre proyectos políticos. Volverá a poner en discusión qué peruanos cuentan para el Perú oficial, quiénes pueden votar sin ser sospechosos y hasta dónde estamos dispuestos a seguir llamando “democracia” a un orden que acepta que algunas voces valgan más que otras.

[1] RPP Noticias. (2021, 09 de junio). Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular presentó recursos de nulidad para 802 actas [Video]. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4cj1BtnVtmQ

[2] RPP Noticias. (2021, 07 de junio). Keiko Fujimori y su plancha presidencial denuncia un «fraude en mesa, planificado y sistemático» [Video]. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yVUI9-zRJfE

[3] Perú 21. (2021, 08 de junio). [Opinión] Aldo Mariátegui: Congreso, permita el retiro del 100% de AFP. Disponible en: https://web.archive.org/web/20210814063830/https://peru21.pe/opinion/opinion-aldo-mariategui-congreso-permita-el-retiro-del-100-de-afp-noticia/

[4] Esta información forma parte de una investigación realizada en el marco del proyecto del IEP Elecciones 2026: escenarios y desafíos en tiempos de incertidumbre.

[5] La República. (2022, 24 de julio). Racismo ¿vestigio colonial? Disponible en: https://larepublica.pe/opinion/2022/07/24/racismo-vestigio-colonial-por-cecilia-mendez

[6] Méndez. C. (2011). De indio a serrano: Nociones de raza y geografía en el Perú, siglos XVIII-XXI. Histórica, 35(1), 53–102. Disponible en: https://doi.org/10.18800/historica.201101.002

[7] Wayka. (2025, 09 de octubre). «Puno tiene dignidad»: Explican las razones del masivo rechazo contra Phillip Butters [Video]. Youtube, 2:04. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MuDfg9gTjNw

[8] Lavrard, C. (2009). Violencia terrorista, Pobreza y prácticas democráticas en el Perú (1978-2006). En S. Baby, O. Compagnon y E. González Calleja (Eds.). Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX (pp. 225-240). Casa de Velázquez.