La modificación del Código Penal para el incremento de penas y la incorporación de otras, aun cuando estas se encuentren fuera del marco legal, es uno de esos temas que saltan a la palestra de vez en cuando, cuando entramos en época electoral cada vez que los medios de comunicación nos muestran algún escabroso caso de violencia que remece a la sociedad peruana. No tarda, entonces, en aparecer el grupo de políticos que se muestra a favor de implementar la pena capital o castración química para violadores, al tiempo que se inician acalorados debates sobre si debemos permanecer o no en el pacto de San José para, finalmente, terminar olvidándonos del tema hasta una próxima noticia que nos indigne. En ese sentido, el siguiente artículo analiza la percepción de la opinión pública sobre la pena de muerte y su uso político en época electoral.

Ahora bien, aunque estos episodios aparecen de manera intermitente en la opinión pública, ¿qué pensamos los peruanos al respecto? Una encuesta realizada en julio de 2023 por el IEP nos da una idea en el tema concreto de la pena de muerte: más de la mitad de los encuestados está a favor de que se aplique en nuestro país.

Gráfico 1. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la pena de muerte?

¿Pena de muerte para qué?, podemos preguntarnos. En esta línea, la última edición del Barómetro de las Américas preguntó en 2019 acerca de su aplicación en los supuestos casos de homicidio, violación de mujeres y violación de niños o niñas. Los resultados son claros, y muestran a una abrumadora mayoría de peruanos favorables a la pena en esos casos.

Gráfico 2. ¿Usted cree que puede aplicar la pena de muerte para ciertos casos, como…

Como se puede observar, el porcentaje de aprobación de la pena de muerte es mayor en delitos de violencia sexual. Entonces, si existe consenso en este punto, regresamos a la pregunta de si es de alguna manera viable la implementación de la pena de muerte en el Perú, sobre todo si tenemos en cuenta que este delito es cometido, en la mayoría de los casos, por el entorno cercano de la víctima.

La respuesta a esta pregunta obedecerá al análisis de factores inmersos en la sociedad que están estrechamente relacionados al tema. Por ejemplo, uno de los aspectos cruciales en la discusión sobre la pena de muerte en el Perú es la desigualdad económica.

La desigual distribución de recursos y oportunidades puede influir en las tasas de criminalidad y crear un terreno fértil para la aparición de delitos violentos. Aquellos que abogan por la pena de muerte a menudo lo hacen en respuesta a crímenes particularmente impactantes que están relacionados con la desigualdad y la falta de acceso a oportunidades. Desde esta perspectiva, la pena de muerte se ve como una forma de retribución que busca restaurar un equilibrio percibido en la sociedad.

No obstante, es crucial señalar que la desigualdad no solo puede contribuir a la criminalidad, sino también a desigualdades en el acceso a la justicia. En el contexto peruano, donde las disparidades socioeconómicas son evidentes, aquellos con recursos pueden tener más probabilidades de acceder a una representación legal de calidad, mientras que aquellos sin recursos pueden enfrentarse a un sistema legal menos equitativo. Esto plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que la pena de muerte afecte de manera desproporcionada a los más vulnerables, creando un ciclo de injusticia social.

Por otro lado, el sistema de justicia en el Perú desempeña un papel determinante en la percepción y aplicación de la pena de muerte. La eficiencia, la transparencia y el acceso equitativo son elementos fundamentales que impactan en la confianza del público en el sistema legal. La corrupción y la lentitud en los procedimientos judiciales han sido problemas persistentes en el país. La falta de confianza en la capacidad del sistema judicial para brindar justicia de manera imparcial y efectiva puede llevar a llamados a medidas más drásticas, como la pena de muerte, como una forma de restablecer la confianza perdida. Sin embargo, es crucial abordar las deficiencias estructurales del sistema legal como parte integral de cualquier discusión sobre la pena de muerte.

Otro aspecto relevante es la percepción pública de la pena de muerte. Las opiniones públicas pueden ser moldeadas por factores como la cobertura mediática, la educación y las experiencias personales. En el Perú, donde la violencia y la criminalidad han sido temas prominentes en la historia reciente, la percepción pública de la pena de muerte puede verse influida por un temor generalizado a la inseguridad. Las altas tasas de criminalidad pueden llevar a una mayor demanda de medidas más severas, como la pena de muerte, como respuesta a la percepción de que las penas existentes son insuficientes para disuadir de la violencia.

Además, la actitud positiva respecto de la implementación de la pena de muerte no es un hecho aislado, sino que se encuentra acompañada de posiciones que justifican un golpe a la democracia. Así lo revelan los datos del Barómetro de la Américas en 2019: 52,6% de personas considera que sí se justifica un golpe de Estado frente a mucha delincuencia. Datos similares se pueden encontrar en la encuesta de opinión del IEP de septiembre de 2023, en la que 60% estuvo de acuerdo con apoyar un líder que acabe con la delincuencia, aunque sus derechos se vean vulnerados. Y estos son solo unos ejemplos.

Como hemos podido revisar brevemente, la pena de muerte en el Perú revela una intersección de factores complejos que abarcan la desigualdad social, la percepción pública, la eficacia del sistema de justicia y actitudes de corte autoritario. Abordar este fenómeno requiere un enfoque integral que no solo considere la legalidad de la pena capital, sino que también explore y comprenda las dinámicas sociales que la rodean. Con demasiada frecuencia, la clase política evita abordar la realidad subyacente a la delincuencia. En lugar de ello, apela al empleo de la pena de muerte como solución universal para que la opinión pública se sienta más segura.

La opinión pública que apoya la pena de muerte está profundamente influenciada por una percepción generalizada de insatisfacción con el sistema de justicia. La ciudadanía percibe que la justicia no se está administrando de manera adecuada, lo que se traduce en una sensación de impunidad frente al crimen y una percepción de acceso desigual a la justicia en el Perú. Este sentimiento de frustración y desconfianza en relación con el sistema judicial lleva a muchos a considerar que las penas drásticas, como la pena de muerte, podrían ser una solución efectiva. La idea de imponer la pena de muerte en el país es, en realidad, una estrategia demagógica utilizada con fines electorales. Los políticos que promueven esta idea lo hacen con la intención de ganar apoyo popular, explotando las emociones y preocupaciones del electorado sin intención real de implementarla, dado que es inviable en el contexto legal e internacional en el que se encuentra el Perú.