Hace un año y medio, en un artículo publicado en dos entregas de Crítica y Debate,[1] señalé que Machu Picchu, la maravillosa llaqta inka convertida en la principal joya turística del Perú en el actual mundo global, se hallaba en riesgo debido a la inexistencia de condiciones para su adecuado cuidado, manejo y preservación. Envuelta en el ojo de la tormenta de diversos actores e intereses, vinculados a su vez a distintos proyectos de desarrollo y gestión turística, Machu Picchu enfrentaba una situación límite.

Durante estos días, dos de estos proyectos vienen colisionando entre sí en torno al tema de la emisión de los boletos de ingreso al sitio arqueológico. Rápidamente las cosas han ido cambiando de forma y fondo. En un primer momento, el Ministerio de Cultura anunció que se contratarían los servicios de una plataforma de venta online privada, debido al colapso del sistema anterior. Ello fue visto inmediatamente como una privatización de la gestión del ingreso a Machu Picchu; en ese sentido, no tardaron en hacerse denuncias respecto al pingüe negocio que habría detrás de la cesión del servicio a la empresa Joinnus.

Se trata de una plataforma virtual dedicada a la venta de entradas para espectáculos creada en 2014 que en marzo del año pasado fue comprada por el holding peruano Credicorp, el cual también es dueño de otras empresas importantes, como el BCP. De hecho, no resulta casual que pocos meses después de pasar a sus nuevos dueños, esta plataforma ahora busque convertirse en la vía para conseguir los boletos de ingreso a Machu Picchu. La venta de tiques de acceso a uno de los destinos turísticos más codiciados en el actual mundo globalizado puede permitir importantes ganancias, pero además implica una visibilidad comercial y una potencialidad de negocio enormes.

Luego del anuncio inicial, se pasó rápidamente a un segundo momento, en el cual la sorpresa e indignación por lo que claramente representa una privatización de la emisión de los tiques de ingreso a Machu Picchu, pasó a mostrarse como una valiente batalla frontal del Ministerio de Cultura en contra de las mafias locales. El suceso que detonó este giro fue la reacción cusqueña contraria al cambio de modalidad de venta de entradas. Sin embargo, lo que parecía ser una reacción regional más amplia en realidad ha sido una paralización local concentrada básicamente en el pueblo de Aguas Calientes (ahora denominado Machu Picchu por simple estrategia comercial).

En esta localidad, una gama de actores —entre los cuales no está solo la población local, sino también el propio Estado, representado por la municipalidad y la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, así como actores privados, como son las empresas turísticas, y agentes claves, como los guías de turismo— pugnan por el control de los beneficios económicos derivados del flujo de miles y miles de turistas ansiosos de llegar hasta el sitio arqueológico. Debido a que el acceso a la llaqta inca es exclusivo por Aguas Calientes, se trata de un escenario crucial, de tipo local, en medio de un microcosmos más amplio que en realidad se proyecta al resto de la región y a las alturas del Estado en Lima; pero también se trata del ámbito clave para cualquier estrategia de gestión y preservación de la maravilla mundial y alhaja histórica que representa Machu Picchu.

Lamentablemente, durante los últimos años —en medio de la incapacidad de gestión estatal regional y nacional— se fue asentando un modelo de manejo turístico básicamente mafioso, en el cual el acuerdo implícito fue que, más o menos, cada cual accediera a su propia tajada de las ganancias económicas. No es cierto que las mafias instaladas alrededor del acceso a Machu Picchu, como primer destino turístico del país, se asienten solamente en la localidad de Aguas Calientes. En realidad, un extenso entramado mafioso —al mismo tiempo comercial, político e institucional, que incluye a diversos actores comprometidos con la existencia y usufructo de Machu Picchu— es el que ha incubado el negocio actual, que continúa poniendo en riesgo la preservación del sitio. El incremento desmesurado y sin criterios de preservación del número de visitantes, con el entusiasmo del Ministerio de Cultura e incluyendo la entrega de una cantidad de entradas para su venta directa en Aguas Calientes, es muestra clara de ello. Así se multiplican las ganancias derivadas del alza del número de visitantes, pero además se permite que muchos turistas se vean obligados a permanecer en Aguas Calientes para conseguir los tiques. Junto a ello, persiste el manejo monopólico privado del transporte ferroviario hasta Aguas Calientes, que es además tremendamente discriminatorio de la población local y los visitantes cusqueños y peruanos.

Lo que observamos estos días es la colisión de los intereses locales asentados en Aguas Calientes, contra los del Estado central y sus aliados empresariales, alrededor del tema de la comercialización de los boletos de ingreso. Es la punta del iceberg de un asunto mucho más complejo y difícil, que en realidad debería tener como norte central y urgente el esfuerzo estatal de preservación de la llaqta y reserva natural de Machu Picchu (el cual de ninguna manera es contraproducente con la necesidad de impulso al turismo). Pero la gestión del actual gobierno de Dina Boluarte, a través de un Ministerio de Cultura que más parece una agencia de promoción de negocios particulares, simplemente ha optado por echar a andar un proyecto de negocio cuyo lado visible (por ahora) es la entrega a un consorcio privado de la venta de entradas al principal destino turístico nacional. No es verdad -como han salido a decir funcionarios y empresarios turísticos- que la única forma de modernizar y enfrentar el control mafioso de la venta de entradas consista en su privatización. Los principales museos y centros arqueológicos en diversos países del mundo, exhiben sus propios sistemas venta virtual y presencial de entradas, como mecanismo para financiar su difusión, manejo y preservación.

La paralización ocurrida en Aguas Calientes desató rápidamente la reacción del MINCULT contra su propio organismo regional: la DDC del Cusco, cuyo manejo depende en realidad del propio ministerio y cuyos jefes son nombrados desde Lima por los ministros de turno. Para conseguir mejores posibilidades de negociación, primero la empresa Joinnus y luego el MINCULT, realizaron sendos anuncios que rebajaron los alcances de su poco transparente acuerdo inicial. A última hora, casi contra la pared debido a la contundencia de la paralización y el ingreso a la escena de intereses en juego del Gobierno Regional del Cusco, el MINCULT sacó bajo la manga la propuesta de que la venta de tiques recaiga en un organismo de la PCM. Evidentemente, esto abrirá otro flanco de discusión sobre temas como el manejo centralista de la gestión turística nacional, así como la idoneidad estatal y de una PCM todopoderosa en el contexto del actual régimen. La necesidad de normalizar las actividades turísticas que comparten todos los actores involucrados, conducirá probablemente a un acuerdo que volverá a posponer el tema central: la urgencia de una verdadera transformación del conjunto del modelo de gestión turística de Machu Picchu.

Luego del fracaso del intento de establecer una mesa de negociación, lo que vemos ahora es dos proyectos opuestos, pero que en el fondo resultan similarmente mafiosos, están dando paso a un tercer momento del conflicto, consistente en un reajuste del pacto implícito de sobrevivencia y ganancias mutuas a costa de la continuidad del deterioro de la joya arqueológica. El primero de ellos es el proyecto local afincado en Aguas Calientes, consistente en que las cosas no deben cambiar a fin de que siga funcionando el modelo actual de manejo turístico, que en realidad se basa en la repartija de ganancias sin una adecuada preservación del patrimonio único que representan Machu Picchu y su entorno natural. El segundo es el proyecto de negocio de un Estado que prefiere hacerse de la vista gorda, maquillando de supuesta eficiencia y modernización la simple entrega de la gestión de su patrimonio a intereses privados. Es el mismo modelo que inspira el manejo del transporte ferroviario privatizado y monopólico existente actualmente hacia Machu Picchu, que a estas alturas representa uno de los problemas mayores que impiden una adecuada gestión de la maravilla arqueológica.

Este segundo proyecto estatal, en realidad, a pesar de los esfuerzos de la actual ministra de Cultura para maquillar sus decisiones poco transparentes como una avanzada en contra de la corrupción local, muestra toda la talla del actual régimen. Es la simple continuidad del diseño de rapiña empresarial (vigente en Perú desde hace tres décadas) que apenas beneficia a unos pocos privilegiados. Un modelo mafioso convertido en supuesta política pública estatal. Perdemos así todos los peruanos y peruanas, pero especialmente la población de Cusco y Aguas Calientes, otra oportunidad para conseguir que maravillas como Machu Picchu puedan ser fuente de un auténtico desarrollo regional y nacional, basado principalmente en su cuidado y preservación.