La pandemia ha trastocado todo, lanzando enormes desafíos al Estado y la sociedad, y también a las universidades. La respuesta de estas ha sido tenue. Solo algunas de ellas, entre públicas y privadas, se encuentran en la primera línea de lucha, diseñando y confeccionando mascarillas de seguridad, fabricando y aplicando las pruebas de detección del virus, construyendo y reparando respiradores artificiales. Estas no representan más del 3% del total de universidades que existen en el país. En Perú, el COVID19 no solo ha revelado el drama de su precario sistema de salud pública, ha desnudado al mismo tiempo muchas otras facetas que cuestionan el impacto de dos décadas de crecimiento económico.

La debilidad de las universidades es una de esas facetas. Analizadas en conjunto, por ejemplo, no han desarrollado un vigoroso sistema de investigación capaz de responder tanto a los desafíos médicos y sanitarios de la pandemia, como a los desafíos políticos, económicos y sociales de sus efectos. Al respecto, si algo se ha notado en las estrategias diseñadas por el gobierno para enfrentar el avance del COVID19, es el superficial conocimiento de la compleja realidad del país que poseen quienes toman decisiones. Esta desconexión entre los requerimientos de los agentes del Estado y los conocimientos que producen las universidades, tiene una manifestación concreta: el paupérrimo financiamiento de la investigación.

No obstante, hoy la mayor preocupación de los universitarios es otra: evitar perder el año académico. El distanciamiento social que se prolongará por varios meses ha llevado a suspender las actividades presenciales del primer semestre y probablemente lo mismo pasará con el siguiente. No se trata únicamente de las clases en las aulas, también, entre otras cosas, de las prácticas de campo y de laboratorio, así como el uso de las bibliotecas. Para la mayor parte de las universidades peruanas que no han desarrollado significativamente sus plataformas académicas virtuales, y que incluso tienen  dificultades para acceder a los servicios de Internet al igual que un sector de sus estudiantes y docentes, este panorama es sombrío.

La información existente sobre la accesibilidad a Internet de las universidades, indica que las ubicadas en la ciudad de Lima llevan una ventaja significativa frente a sus pares de regiones. Las universidades públicas de San Marcos e Ingeniería, las más antiguas, junto a las privadas de “primera generación” como la Católica y la del Pacífico, lideran la conectividad, es decir, no solo tienen garantizado el acceso sino que además usan para ello tecnología que mejora su conexión a las redes. La conectividad es una condición fundamental que va determinar la capacidad de las universidades para enfrentar el desafío de trasladar las actividades académicas presenciales al formato virtual, e intentar salvar así el año académico. Pero la conectividad no basta.

La otra condición fundamental es la implementación de plataformas básicas, como las aulas virtuales, donde los contenidos juegan un papel incluso más importante que la tecnología que hace posible su acceso. Las aulas virtuales han sido hasta ahora una práctica marginal. Solo algunas universidades privadas han echado mano de ellas, aunque las restringieron a los denominados cursos básicos o de estudios generales. Las aulas virtuales, usadas en su plenitud, implican por un lado la interacción de los docentes y los estudiantes en la plataforma, casi como una puesta en escena de las clases presenciales; y por otro lado la accesibilidad a los materiales formativos, principalmente el bibliográfico. Probablemente por su marginalidad y los cuestionamientos de que ha sido objeto, en estas universidades se dejaron fuera las aulas virtuales a las acciones de evaluación.

En tanto, de acuerdo a varios testimonios recogidos, en el caso de las universidades públicas donde estas plataformas comenzaron a implementarse hace pocos años, la variable generacional también ha determinado el lento avance del uso de las aulas virtuales. Los docentes de mayor edad no solo han tenido dificultades para adaptarse a estas, sino que además las han resistido o simplemente han optado por no tomarlas en cuenta. En esta actitud se mezclan el sólido arraigo de las tradicionales clases presenciales (ya sea en su formato de conferencias magistrales o las más participativas), con la desconfianza del poder formativo de las plataformas virtuales.

Sin embargo, ahora, de golpe, la pandemia ha obligado a los universitarios a quebrar cualquier remilgo sobre el potencial de las aulas virtuales. Esta práctica marginal se ha convertido así en el único instrumento para afrontar la tarea de salvar el año académico. Pero el desafío es mayúsculo, no solo por el débil desarrollo de estas plataformas en el Perú y nuestra arraigada cultura académica presencial; sino además por factores estructurales que se manifiestan en las limitaciones de conectividad. En San Marcos, por ejemplo, se calcula que al menos 20% de los estudiantes no tiene acceso a Internet o no cuenta con equipos para hacerlo de manera efectiva. Las universidades privadas no son ajenas a problemas similares, ya la SUNEDU ha dado cuenta de más de 500 demandas de problemas de accesibilidad a las clases remotas.

Frente a esto la voluntad estatal es fundamental, y no debe limitarse a financiar la conectividad como lo está haciendo; sino además para replantear su vínculo con las universidades. De este modo, esta coyuntura crítica debe llevar a recolocar a las universidades en los proyectos de país, imaginando el escenario postcovit donde la formación virtual será predominante.