En el incesante murmullo mediático, la dolorosa crónica roja de la muerte de trabajadoras sexuales resuena una y otra vez. Detrás de cada noticia hay vidas marcadas por el miedo constante; sostenidas en un equilibrio frágil entre la supervivencia y el peligro inminente. En los últimos años, hemos sido testigos de un crecimiento alarmante de mafias que explotan y amenazan a estas mujeres, a las que sumen en un abismo de vulnerabilidad y desamparo. Entre 2021 y 2023, se registraron 15 asesinatos de trabajadoras sexuales,[1] una cifra que lamentablemente sigue en aumento en 2024. A este sombrío panorama se añade la indiferencia y la negligencia de las autoridades, que parecen haber dado la espalda a sus necesidades y derechos más básicos.

En el contexto peruano, el ejercicio del trabajo sexual no se tipifica como un delito de acuerdo con el Código Penal, sino que se rige por un marco regulatorio denominado como reglamentarista. Bajo este sistema legal, el Estado tiene la autoridad para regular esta actividad mediante la concesión de licencias a los establecimientos donde se lleva a cabo dicha práctica, aplicar impuestos y multas, penalizar a lo que se denomina “prostitución no reglamentada” o clandestina y llevar a cabo la supervisión sanitaria de las personas que se dedican a esta labor. Como consecuencia, se establece una distinción entre la prostitución legal y la clandestina.[2] En el primer caso, el Estado también obtiene beneficios económicos, mientras que, en el segundo, la trabajadora sexual es arrestada, perseguida y estigmatizada públicamente.

Durante siglos, desde el poder se ha intentado controlar y reprimir la expresión de la sexualidad de diversas formas. Sin embargo, como menciona Roberto Prieto en su libro Guía secreta. Barrios rojos y casas de prostitución en la historia de Lima, a lo largo de la historia han surgido y persistido espacios donde la sexualidad se manifiesta de manera legal, ilegal, organizada, desorganizada, privada o pública. Entre estos ámbitos, aquellos asociados al trabajo sexual destacan como ejemplos prominentes. A pesar de su existencia arraigada, las autoridades han adoptado una postura de espectacularización del castigo, utilizando medidas como la criminalización de las trabajadoras sexuales y la clausura de establecimientos donde se ejerce esta actividad. Esta respuesta punitiva, reflejo de la complejidad de las dinámicas sociales y políticas que rodean el trabajo sexual, evidencia un conflicto entre el control institucional y la resistencia de aquellos que luchan por su autonomía y derechos sexuales.

La imagen de la trabajadora sexual se encuentra inmersa en un imaginario social mayoritariamente negativo. Esta representación no solo influye en la percepción pública, sino que también moldea activamente la construcción de la realidad social en su conjunto. De hecho, esta imagen estigmatizada tiene el potencial de generar efectos concretos en el modo en que las personas interactúan con quienes ejercen este trabajo. Además, es crucial comprender la compleja relación entre el prejuicio, la discriminación y el poder, como resultado de mecanismos simbólicos que operan eficazmente en la consolidación y homogeneización de una otredad constituida por el conjunto de trabajadoras sexuales. Estos mecanismos, que incluyen la estereotipia y la desvalorización, contribuyen a su exclusión y marginación de la sociedad. Por lo tanto, la construcción de identidades nacionales implica entender la sexualidad como un conjunto de normas y actitudes que se forman e internalizan a través de modelos de comportamiento socialmente aceptados.[3]

Así, las trabajadoras sexuales en el Perú, al igual que en diversas partes del mundo, se enfrentan a una amplia gama de violencia debido al estigma, el prejuicio y la discriminación asociados a su actividad. Este prejuicio, arraigado en la sociedad, perpetúa, normaliza y fundamenta los actos de violencia, lo que impide comprender realmente a quienes son objeto de él. De acuerdo con el informe Evaluación rápida sobre las mujeres, en su diversidad, refugiadas y migrantes en situación de trabajo sexual en Lima, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una de las maneras en que esta violencia se manifiesta es la violencia psicológica. Esta puede tomar la forma de humillación, acoso verbal, intimidación, estigmatización y discriminación, así como traducirse en insultos, burlas, amenazas y maltrato emocional, tanto por parte de los clientes como de personas ajenas a la actividad. Además, la violencia sexual también es una triste realidad para quienes ejercen el trabajo sexual, expresada en situaciones que van desde la imposición de prácticas no consentidas hasta abusos y agresiones sexuales perpetradas por algunos clientes. Estas situaciones de vulnerabilidad se ven agravadas por el temor a denunciar debido a posibles represalias o estigmatización. Otro aspecto preocupante es la violencia económica que afecta a algunas trabajadoras sexuales. Muchas se ven forzadas a trabajar en condiciones desfavorables debido a la falta de alternativas laborales, lo que las expone a salarios injustos o a que terceros les quiten parte de sus ingresos. Además, la ilegalidad del trabajo sexual en ciertas zonas incrementa la vulnerabilidad a extorsiones y corrupción por parte de las autoridades y mafias.[4]

Asimismo, es crucial destacar la presencia de la violencia institucional, la cual se entrelaza con otras formas de violencia mencionadas anteriormente. Según el Informe de la Red de Trabajadoras Sexuales de Perú y la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales para el Examen Periódico Universal del Perú de julio de 2022, muchas trabajadoras sexuales son sometidas a detenciones ilegales por parte de la Policía y el Serenazgo. Además, cuando son trasladadas a las estaciones de policía, no se les imputan cargos, no se registra oficialmente su detención o se les exige que firmen documentos sin permitirles leerlos. Por lo general, las liberan unas horas después sin una explicación formal. De otro lado, los casos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza son particularmente frecuentes, y representan una de las principales preocupaciones en cuanto a la seguridad física de las trabajadoras sexuales. Aquellas que laboran en espacios públicos enfrentan la violencia institucional principalmente por parte de policías y militares, cuyas experiencias más comunes son amenazas, abuso y mal uso de autoridad, abuso sexual y detenciones injustificadas.

Además, hay diversos desafíos que dificultan que las trabajadoras sexuales puedan sentar una denuncia formal ante las autoridades. Aunque el trabajo sexual no esté explícitamente prohibido por ley, la existencia de un vacío legal y la estigmatización social asociada hacen que aquellas que lo ejercen se sientan desamparadas en términos institucionales y legales. Por otra parte, las amenazas de represalias se perciben como un peligro real entre estas trabajadoras, lo que en la mayoría de los casos les impide tomar la decisión de presentar una denuncia formal. Esto resulta en una profunda desconfianza de su parte respecto del sistema judicial.[5]

La lucha para erradicar la discriminación y la violencia institucional en la relación entre las trabajadoras sexuales y el Estado es crucial para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa. Esta batalla busca garantizar los derechos humanos fundamentales de las trabajadoras sexuales y desafiar la estructura de poder y dominación que perpetúa su marginación. La estigmatización del trabajo sexual crea un ciclo de exclusión y marginación que deja atrapadas a las trabajadoras sexuales en una precariedad constante. Esta estigmatización les dificulta acceder a servicios esenciales como atención médica, educación y vivienda. Además, socava su capacidad para buscar ayuda y protección ante situaciones de violencia o abuso, ya que temen ser juzgadas, rechazadas o incluso criminalizadas por las autoridades. Esta lucha por justicia social concierne a su más intrínseca dignidad humana.

[1] Para más información, véase <https://www.infobae.com/peru/2024/02/15/independencia-trabajadora-sexual-trans-es-asesinada-por-no-pagar-cupo-de-s-100-luego-de-constantes-amenazas/>.

[2] Instituto Nacional de Estadística e Informática (2000). Prostitución y prostíbulo 1998: encuesta nacional. Lima: INEI.

[3] Carlos Cosme (2007). La imagen in/decente: diversidad sexual, prejuicio y discriminación en la prensa escrita peruana. Vol. 7. Lima: Instituto de Estudios peruanos.

[4] Es crucial destacar que estas formas de violencia no son intrínsecas al trabajo sexual en sí mismo, sino que están estrechamente relacionadas con el estigma y la criminalización que rodean esta actividad. La falta de protección legal y el acceso limitado a servicios de apoyo y justicia hacen que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a estas situaciones de violencia.

[5] Para más información, véase <https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2023-03/JS13_UPR42_PER_S_Main.pdf>.