Foto: CNN EN ESPAÑOL

En el Perú, la preocupación ciudadana por la corrupción ha crecido dramáticamente, y hoy en día posiciona al país como el que en mayor medida la reporta como su principal desafío, en la región (1). De acuerdo a la Encuesta de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos, por lo menos nueve de cada diez de peruanos percibe a la corrupción como muy extendida en el ámbito público (2), y en general se la concibe como muy presente en casi todas las instancias públicas de nivel nacional y subnacional.

Son muchas las entradas al estudio de los efectos que la corrupción y la percepción de corrupción genera en el país, siendo la más evidente la que se relaciona a su impacto en el ámbito económico y social. A inicios de este año, la Contraloría de la República estimaba que esta comprometía a cerca del 10% del presupuesto público nacional (3), afectando en gran medida recursos destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura. De preocupación es su presencia en entidades orientadas a la atención de los más vulnerables: en el 2018, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social detectó 344 sentenciados por malos manejos en programas sociales en gestiones anteriores (4), y el Ministerio de Salud reportó 101 expedientes del SIS bajo investigación por actos de corrupción (5). Sus consecuencias, por lo demás, se extienden por fuera del ámbito nacional, y proyectan un panorama de incertidumbre. El Foro Económico Mundial coloca al país en el puesto 72 de 137 de su Ranking de Competitividad del 2017-2018; cinco puestos por debajo de años anteriores, en gran medida dado al impacto de la corrupción sobre la percepción de efectividad de instituciones públicas y privadas (6). Así, actos como el soborno y tráfico de influencias sin duda representan un obstáculo para la generación de oportunidades que nos movilicen a una mejor calidad de vida, y en ese sentido representan una preocupación importante para todo ciudadano.

Una ruta poco explorada con respecto a los efectos de la corrupción y el desprestigio institucional, sin embargo, es la de su impacto en la manera en que vivimos el día a día en la ciudad, y en específico sobre cómo estas preocupaciones aterrizan sobre nuestras percepciones alrededor de la delincuencia. La vinculación no resulta descabellada. Poco menos de la mitad de peruanos reporta un incremento de la delincuencia durante el último año, y solo dos de cada diez admite sentirse seguro en la calle. Para protegernos generamos múltiples adaptaciones: hogares y vecindarios son testigos de la instalación de diversos dispositivos de protección y alerta (i.e. rejas, alarmas), y por lo general muchos nos vemos en la necesidad de restringir nuestra movilidad durante las noches, o de hacer uso de aplicativos y tecnologías que monitoree nuestros movimientos (7). Un desenvolvimiento interesante en el estudio de estos miedos, sin embargo, es el descubrimiento relativamente reciente sobre la desvinculación entre la percepción de inseguridad con el hecho de efectivamente haber sido víctima de algún delito (8). De acuerdo al Informe Técnico de Seguridad Ciudadana del INEI, solo tres de cada diez peruanos ha sido víctima (9) pero ocho de cada diez manifiestan sentirse inseguro en las calles. Si tales preocupaciones no responden al haber sufrido directamente de algún episodio delictivo ¿por qué es que los peruanos nos sentimos tan inseguros en nuestras ciudades?

En respuesta a la misma interrogante, la psicología social ha desarrollado un crisol de aproximaciones sobre la manera en que las personas concebimos el delito, siendo los conceptos más usados los de percepción sobre el delito, percepción de inseguridad, y en el espectro más emotivo el que refiere al miedo al delito (8). Este último goza de múltiples definiciones; y es en tal medida pertinente explicarlo como un ‘concepto paraguas’, dentro del que se engloban nuestras ansiedades frente al riesgo de sufrir un episodio delictivo (10). Navarro y Caro (11) categorizan las explicaciones en torno a estos miedos de acuerdo a tres grandes aproximaciones: las relacionadas a aspectos sociales (i.e. informalidad, confianza en la policía), las que responden a características ambientales (i.e. alumbrado público), y las que se vinculan a características propias del individuo (i.e. acceso a medios). Todas, sin embargo, coinciden en destacar el carácter de indefensión bajo el que se percibe la persona: el saber que se moviliza en un escenario dónde cualquier cosa podría suceder, y ante el cual cuenta con recursos de defensa insuficientes.

Frente a ambos panoramas, no es arriesgado contemplar el elevado desprestigio institucional como una de las tantas causas que explican el incremento del miedo y la preocupación de los peruanos frente a la delincuencia. Algunas cifras de la Encuesta de Opinión del IEP respaldan esta hipótesis: el 50% de peruanos percibe que las causas de la delincuencia se encuentran asociadas a la incapacidad de las instituciones para aplicar sanciones adecuadas o hacer efectivas leyes más punitivas (9). Más del 60%, por lo demás, considera frecuente el tener que usar influencias para ser atendido en instituciones públicas o agilizar trámites judiciales (2). En ciudades en las que cada quien baila con su pañuelo, algunos nos sabemos con pañuelos considerablemente más pequeños que otros, y en una condición de mayor desventaja y vulnerabilidad.

Lo que la relación entre desprestigió institucional y ansiedad ante la delincuencia nos sugiere, en ese sentido, son dos necesidades. La primera es continuar en un proceso de reformas orientadas a la fiscalización y sanción efectiva de actos corruptos en el ámbito público (12). La segunda, más orientada al plano subjetivo, pero igualmente relevante, es fortalecer las percepciones que desde la ciudadanía se construyen en torno a las instituciones públicas con las que nos relacionamos, en teoría orientadas a brindar una mejor calidad de vida, en todas sus dimensiones.

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• Carrion, J.; Zarate, P.; Boidi, M. y Zechmeister, E. (2018) ‘Cultura Política de la democracia en Perú y en las Américas 2016/2017: Un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad’. Instituto de Estudios Peruanos.
• Instituto de Estudios Peruanos (2019) ‘Informe de Opinión. Los peruanos y la corrupción’.
• El Comercio (2019) ‘Contraloría: Corrupción le cuesta al país alrededor de S/17 mil millones al año’ Publicado el 26/04/2019.
• Diario Uno (2018) ‘MIDIS ya identificó 334 sentenciados por corrupción en programas sociales’ Publicado el 10/05/2018.
• Gestión (2018) ‘Ministra de Salud: 101 de casi 170 expedientes de corrupción en el SIS están en proceso’ Publicado el 30/07/2018.
• World Economic Forum (2017) ‘The Global Competitiveness Report 2017–2018. Insight Report’.
• Instituto de Estudios Peruanos (2019) ‘Informe de Opinión. Especial sobre seguridad ciudadana’.
• Narvaez, M. (2009) ‘El miedo al delito no es un supuesto de victimización indirecta’. International e-Journal of Criminal Science, 3 (3).
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) ‘Estadísticas de Seguridad Ciudadana’. Informe Técnico, 6.
• Caro, M. y Navarro, L. (2017) ‘La medición del miedo al delito a través de los barómetros del CIS’. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 157, pp. 23-44
• Navarro, L. y Caro, M. (2015) ‘¿Por quién doblan las preocupaciones? El delito como problema personal y social en España’. Anuari del Conflicte Social.
• Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (2019) Hacia la democracia del Bicentenario. Informe Final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.