Aunque la biblioteca está abierta, pero no todos pueden aprovecharla hasta tarde. Algunos deben salir corriendo para alcanzar el último bus; otros, para cumplir un turno de trabajo. Incluso con una laptop propia, la conexión puede ser inestable. Y no siempre hay un espacio tranquilo para estudiar. En ese mismo espacio, la libertad académica está garantizada; las condiciones para ejercerla, no.

En el debate público, la libertad académica suele asociarse a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra. La primera alude a la capacidad de las universidades para gobernarse sin interferencias indebidas. La segunda se refiere a la posibilidad de que docentes e investigadores desarrollen clases, investigaciones y posiciones intelectuales sin censura. Ambas dimensiones son fundamentales, pero la libertad académica va más allá: es el derecho a buscar, generar y transmitir conocimientos de forma libre y sin temor a represalias. Y más allá de la censura, también las desigualdades internas condicionan la participación de estudiantes y docentes en la producción del conocimiento.

Visto así, la libertad académica no se ejerce en abstracto. Depende de condiciones materiales, institucionales y simbólicas.  Cada estudiante llega a la universidad con diferentes niveles de tiempo disponible, recursos económicos, acceso a material académico, o tecnología. Tampoco tienen el mismo conocimiento de idiomas o códigos académicos. Tampoco todos se sienten igualmente autorizados para hablar, preguntar, disentir o proponer temas de investigación. Algunos ingresan con capital cultural, mientras otros lo adquieren sobre la marcha, mientras trabajan, viajan largas distancias o enfrentan responsabilidades familiares.

Esta reflexión parte de una aproximación exploratoria basada en 22 entrevistas a estudiantes y egresados recientes de una universidad pública y una universidad privada de Lima. No busca presentar una muestra representativa del sistema universitario peruano, sino observar tensiones que atraviesan la experiencia estudiantil en dos espacios distintos de formación. El contraste permite mirar cómo la libertad académica se vive, se limita o se negocia en trayectorias concretas, marcadas por clase social, género, origen territorial, acceso a recursos, lenguaje, relación con docentes y posibilidad de ser reconocido como sujeto legítimo de conocimiento.

En el Perú, la universidad ha sido históricamente presentada como una vía de movilidad social. Para muchas familias, que un hijo o una hija acceda a la educación superior representa una promesa de futuro y una forma de disputar un lugar en una sociedad marcada por jerarquías de clase, raza, género y territorio. Pero esa promesa convive con una realidad más compleja. Ingresar a la universidad no significa necesariamente contar con condiciones para permanecer, participar o desarrollarse plenamente. El acceso puede ampliarse, pero si no se acompañan las trayectorias estudiantiles, la universidad puede reproducir las desigualdades que promete superar.

Esta discusión resulta importante si se mira la historia reciente del sistema universitario peruano. Durante las últimas décadas, la educación superior experimentó un crecimiento acelerado, marcado por la expansión de universidades privadas, la masificación de la matrícula y la promesa de democratizar el acceso. Sin embargo, esa expansión no siempre estuvo acompañada de condiciones adecuadas de calidad, investigación, infraestructura o bienestar estudiantil. En varios casos, el crecimiento respondió más a lógicas de mercado que a una política pública sostenida.

La reforma universitaria puso sobre la mesa esta tensión. El debate sobre licenciamiento, condiciones básicas de calidad y supervisión estatal recordó que la educación superior no puede reducirse a un servicio comercial. Una universidad no es solo un espacio donde se dictan clases y se otorgan grados. Es también una institución que debe garantizar condiciones mínimas para investigar, enseñar, aprender y participar. Sin bibliotecas, docentes suficientes, asesorías y recursos para producir conocimiento, la libertad académica se vuelve frágil.

Pero la defensa de la calidad tampoco puede limitarse a criterios administrativos. Una universidad puede cumplir estándares formales y, al mismo tiempo, reproducir desigualdades profundas en su interior. Puede tener aulas, reglamentos y plataformas virtuales, pero seguir siendo un espacio donde solo algunos estudiantes acceden plenamente a recursos, redes y reconocimiento. Por eso, la discusión sobre libertad académica debe preguntarse por las condiciones concretas que permiten permanecer, participar y convertirse en sujetos activos de conocimiento.

Una primera dimensión de esta desigualdad es económica. Aunque el costo de una pensión universitaria suele ser el indicador más visible, no es el único. Estudiar implica cubrir transporte, alimentación, materiales, fotocopias, libros, conectividad, dispositivos tecnológicos y vivienda. En la universidad pública, la gratuidad formal no elimina los costos indirectos. En la universidad privada, las becas pueden abrir puertas, pero no siempre resuelven las diferencias de origen.

En la universidad privada, varios relatos muestran que el prestigio institucional cumple un papel importante. La universidad aparece como un espacio de reconocimiento académico y oportunidades futuras. Para estudiantes becados o provenientes de familias sin trayectoria universitaria, ingresar puede representar una conquista personal y familiar. Pero esa conquista exige aprender a habitar una institución donde ciertos códigos sociales y culturales parecen estar dados para algunos y deben ser aprendidos rápidamente por otros.

En ese proceso, la clase social se expresa en detalles cotidianos: la ropa, los consumos, el dominio del inglés, el colegio de procedencia, el modo de hablar, la posibilidad de comprar libros o quedarse después de clase. Una estudiante becada puede tener acceso formal al mismo campus que sus compañeros, pero no necesariamente a la misma tranquilidad. La beca abre una puerta, pero no borra las diferencias de origen.

En la universidad pública, la experiencia es distinta, aunque no menos atravesada por desigualdades. La gratuidad permite que estudiantes de diversos sectores accedan a la educación superior, pero estudiar sigue teniendo costos. Transporte, alimentación, separatas, libros, equipos tecnológicos y tiempo forman parte de una economía cotidiana que pocas veces se considera cuando se habla de mérito. Para muchos estudiantes, la universidad pública es una conquista; pero sostenerla implica trabajar, ahorrar, desplazarse y organizar la vida alrededor de recursos limitados.

El tiempo es otra condición clave. La libertad académica requiere tiempo para leer, investigar, escribir, asistir a eventos, participar en grupos de estudio, conversar con docentes o involucrarse en debates universitarios. Pero el tiempo también está desigualmente distribuido. No es lo mismo estudiar con dedicación exclusiva que estudiar después de una jornada laboral.

Una estudiante revisa lecturas en su celular durante el largo y caótico trayecto de regreso a casa. Estudia en los márgenes del tiempo disponible, entre el ruido, el cansancio y la conexión intermitente. No siempre puede subrayar, tomar notas o detenerse en un argumento. En Lima, quien vive cerca tiene más tiempo para ejercer su libertad académica. Quien no, debe calcular tiempo de viaje, pasaje, seguridad y energía. Así, la geografía también organiza el acceso al conocimiento. Vivir lejos del campus limita la posibilidad de quedarse a un grupo de investigación, asistir a una charla o reunirse con un docente. El tiempo, presentado como recurso individual, es en realidad una expresión de desigualdad social. Quien tiene más tiempo muchas veces cuenta con mejores condiciones para permanecer.

La brecha digital es otro elemento central. La pandemia por COVID-19 mostró que la conectividad no era un complemento, sino una condición básica para estudiar. Tener una laptop, internet estable y un espacio adecuado en casa se volvió indispensable. Aunque el retorno a la presencialidad redujo algunas exigencias, la tecnología sigue siendo central para la vida académica. Lecturas, bases de datos, postulaciones, cursos e investigaciones dependen de recursos digitales.

A estas dimensiones materiales se suma una dimensión institucional. La libertad académica requiere acompañamiento. No basta con que los estudiantes tengan derecho a elegir un tema de investigación si no existen docentes disponibles para asesorarlo. No basta con que puedan participar en actividades si no hay canales efectivos. Tampoco basta con que una universidad promueva el pensamiento crítico si sus mecanismos de tutoría y apoyo académico son débiles. En muchos casos, los estudiantes resuelven por cuenta propia problemas que deberían ser asumidos institucionalmente.

Esta situación produce una desigualdad menos visible. Los estudiantes con redes familiares, contactos previos o mayor familiaridad con el mundo universitario saben a quién preguntar, cómo moverse y qué puertas tocar. Los estudiantes de primera generación universitaria, en cambio, muchas veces deben aprender solos las reglas del juego. No se trata de falta de capacidad, sino de falta de información y acompañamiento. La universidad puede ser formalmente abierta, pero funcionar mediante códigos informales que benefician a quienes ya conocen sus rutas internas.

Vista desde la experiencia concreta de los estudiantes, la libertad académica no es solo poder expresar una idea. Es poder permanecer en la universidad, acceder a recursos, investigar temas relevantes, participar sin miedo y ser reconocido como sujeto legítimo de conocimiento. Si la universidad peruana quiere ser democrática, debe asumir que la libertad académica no se garantiza únicamente en los reglamentos. Se construye todos los días, en aulas, bibliotecas, pasillos, tutorías, debates y condiciones materiales que hacen posible pensar.

En una próxima entrega abordaremos cómo la libertad académica se juega en la palabra, el reconocimiento y los temas del debate universitario. Allí veremos cómo las desigualdades de género, lenguaje, procedencia y legitimidad definen quién puede hablar y quién es escuchado.

[1] Este artículo se basa en la investigación titulada Libertad Académica en tiempos de desigualdad: Un laboratorio de reflexión para el Perú, realizada por Dynnik Asencios, Hatsumi Otsu y Milagros Badillo, como parte de la convocatoria de investigación “Fortalecimiento de la investigación comparada y el pensamiento crítico en el marco de la libertad académica en las Américas”, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CLAA).