La urgencia y las frágiles certezas
Foto: Perú 21
En democracia, tenemos que acostumbrarnos a situarnos en la incertidumbre. La democracia tiene que ver con los avatares de la alternancia en el poder. Se vincula con el vasto espectro de las políticas públicas, los efectos de cada una de ellas en sociedades cada vez más complejas e interdependientes y el grado de aceptación que puede encontrar entre ciudadanos y ciudadanas. Quienes piensan la incertidumbre en esos términos parten de la comprobación o de la expectativa de contar, en sociedades estables, con un marco ordenado de relaciones entre los poderes del Estado, con organizaciones políticas en condiciones de hacer propuestas relativamente ordenadas y previsibles y enraizadas en la sociedad y trayectorias de políticos que por lo general seguían una secuencia ordenada para llegar a cargos de mayor responsabilidad.
El sociólogo y politólogo ecuatoriano Simón Pachano, pocos años antes de la llegada al poder de Rafael Correa, advertía que uno de los problemas que dificultaba la afirmación de la democracia en su país, es que las reformas institucionales devenían en un recurso a utilizar en los juegos políticos que se urdían ante las presiones de la coyuntura. La toma inmediata de posiciones terminaba devorándose el largo plazo, incluso ni siquiera había largo plazo. Parte de este proceso ocurre actualmente en el Perú, si bien es necesario hacer reformas políticas y en el Poder Judicial. Establecer un orden de prioridades no es un tema sencillo de resolver si a tres años de gobierno y con dos presidentes, seguimos con un gobierno dividido, un ejecutivo que parece improvisar, un parlamento con el cual no pueden establecerse acuerdos mínimos por su oposición obstinada y además expuesta a un desprestigio creciente (quizás a tales niveles, que ya no puede ni quiere cambiar de estrategia).
Cualquier gestión de gobierno debe enfrentar diversos frentes a la vez. Lo que parece estar ocurriendo es que un tema de agenda es sucedido por otro de modo acelerado y el desplazado acechante espera una nueva oportunidad. Por ejemplo, los vinculados a la corrupción, los asociados a las prioridades de la política económica y social, las reformas institucionales. Los dos primeros no tienen, por supuesto, un punto final. Parte de las reformas requieren de una primera aprobación al fin de este período de la legislatura. Y tampoco se sabe si los titulares de los medios de comunicación siguen este vértigo de acontecimientos o también lo ayudan a producir. El poder se hace más opaco cuando no consigue precisarse bien los grupos de élites que controlan la situación.
La polarización roba espacios para discutir y tiempo para quienes incluso partiendo de una misma orientación básica puedan definir con mayor precisión sus propuestas de reforma. Y lo que no debiera ser un tema menor es realizar algún intento de explicarlas a la ciudadanía. Si bien se tiene que promover la aprobación por lo menos de algunas de ellas (para tener mayores probabilidades de conseguir en los años futuros un escenario político más democrático y más institucional) quedan preguntas abiertas que poco tienen que ver con la incertidumbre señalada al comienzo de este artículo.
Sabemos que decisiones fundamentadas, como ha ocurrido con el pedido de confianza en temas de cambios que refieren a reformas constitucionales y en innovaciones institucionales tienen el inconveniente de no poder apoyarse en precedentes con los cuales orientarse. Por ello, van a enfrentar consecuencias políticas y sociales y hasta temas de interpretación jurídica no previstas. El voto de confianza dado al presidente del Consejo de Ministros se mantiene en un temible suspenso entre lo que apruebe el parlamento, la conformidad del Ejecutivo y los criterios que puede aplicar Vizcarra sobre la facultad de cerrar el congreso por interpretar que se ha desnaturalizado la confianza. La creación de la Junta Nacional de Justicia suponía no solo un cambio razonable sino urgente. Su aplicación ha fracasado en el primer intento de instalarla y algo debe estar equivocado en su reglamentación que va más allá de suponer una generalizada ineptitud de los postulantes. Y en los próximos dos años iremos advirtiendo iniciativas y actitudes de los congresistas que solo pueden explicarse porque ya no podrán ser electos en el siguiente período.
El solvente trabajo de la Comisión para la Reforma Política puede otra vez someternos a lógicas sociales y políticas que van más allá de lo que se quiere regular. Un tema que amerita discutir es que las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias ayuden a mejorar la calidad de la representación ante una ciudadanía en su mayoría indiferente e incluso hostil a los partidos.
Para un grupo que considera que buena parte de las expectativas de la transición democrática no se han cumplido en una situación tan crispada como la del caso peruano solo les queda apoyar al titular del Ejecutivo como opción que se sostiene únicamente por el riesgo de otras alternativas. Otros, en cambio, han tomado una decisión de apoyo a Vizcarra que no manifiesta estas inseguridades. Unos y otros, aquellos a quienes el presidente puede acudir, parecen confluir que éste se encuentra suspendido en el aire, sin partido, sin capacidad de construir una coalición que lo apoye, exigido a dar bruscos cambios de timón en sus decisiones, obligado a postergar otras. Y desde esta fragilidad toca elegir.