En el Perú, la mayoría de los exmandatarios vivos se encuentran sentenciados o investigados por delitos de corrupción. Este insidioso fenómeno ya es tan recurrente que nuestro país se ubica en el puesto 121 de 180 países evaluados mediante el Índice de percepción de la corrupción 2023 (Transparency International, 2024). La presencia de corrupción extendida es un problema por muchos motivos, pero uno de los más alarmantes es la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones y el proceso democrático, lo que mina así la legitimidad del sistema. Los resultados se ven en el apoyo a la democracia entre los ciudadanos peruanos, que solo alcanza el 51% (Lapop, 2023). Este hecho es alarmante, pues, como proponen Almond y Verba (1963), la cultura política de una sociedad —sus valores, creencias y actitudes hacia el sistema político— es crucial para el funcionamiento de la democracia: sin apoyo ciudadano, la nuestra corre peligro.

Un caso actual relacionado a la corrupción es el de Dina Boluarte, cuyo domicilio fue objeto de un allanamiento por parte de la Fiscalía y la Policía, en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones juradas concernientes a una selecta colección de relojes y joyas de lujo. Este suceso plantea interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio del poder gubernamental. Sin embargo, al tratarse de la primera mujer en ocupar la presidencia, se ha puesto de relieve la necesidad de explorar la dimensión de género para este caso de presunta corrupción en la esfera política.

El ascenso de Dina Boluarte a la presidencia del Perú representaba, en teoría, un avance significativo para las mujeres, tomando en cuenta que la presencia femenina en altos cargos de gobierno es un paso crucial en la lucha por la igualdad de género y la inclusión en la esfera política contemporánea (ONU Mujeres, 2023). En un país donde la presencia femenina en cargos presidenciales ha sido históricamente limitada, siendo el rol de primera dama lo más cerca que han estado las mujeres a la primera magistratura del país, su ascenso simbolizaba un cambio importante. Sin embargo, es crucial comprender que la mera presencia de mujeres en posiciones de poder no garantiza automáticamente la transformación de las estructuras patriarcales arraigadas en el sistema político. A menudo se asume que las mujeres en cargos de liderazgo actúan como agentes de cambio, desafiando las normas de género establecidas y promoviendo la equidad. Anteriormente, investigaciones como las de Swamy (1999) sugirieron que las mujeres son menos propensas que los hombres a participar en actos corruptos, mientras que estudios como el de Dollar, Fisman y Gatti (1999) propusieron que su mayor representación en el parlamento podría reducir la corrupción. No obstante, dicha literatura se encuentra desfasada, pues la realidad es más compleja que estos enfoques simplificados. Críticas como la de Goetz (2007), propone una perspectiva diferente que se centra en la mala representación histórica y continua de las mujeres en las esferas de poder dominadas por hombres, planteando que esta podría ser la verdadera razón por la cual las mujeres no se involucran en la misma medida que sus pares masculinos.

Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, es posible afirmar que la presión de las estructuras existentes, las expectativas sociales y los desafíos inherentes a la toma de decisiones en un entorno político pueden influir en el comportamiento de cualquier líder, independientemente de su género. Además, la diversidad de experiencias y perspectivas entre las mujeres políticas también puede llevar a diferencias significativas en sus enfoques y acciones.

El caso de Dina Boluarte es un ejemplo ilustrativo. Su presentación altamente feminizada, con atuendos y accesorios de lujo, contrasta con la apariencia sencilla que otras altas dignatarias eligen. Si bien la elección de vestuario no determina la calidad gubernamental o la capacidad política de los individuos, sí evidencia las prioridades de la mandataria, especialmente cuando luce accesorios de lujo mientras el 29% de peruanos se encuentra en condición de pobreza (INEI, 2024). Esta decisión en cuanto a la propia apariencia puede ser interpretada como una estrategia para adaptarse a las expectativas tradicionales de feminidad en el ámbito político y como una muestra de desconexión con las realidades socioeconómicas del país. De esta forma, incluso cuando alcanzan posiciones de poder, las mujeres enfrentan sesgos conscientes e inconscientes que afectan sus decisiones y comportamientos. Estos sesgos pueden llevar a la perpetuación de estructuras machistas y patriarcales, ya sea por la presión de conformarse a expectativas tradicionales o por la necesidad de navegar en un entorno político dominado por hombres, tal como se ha podido observar en los casi dos años de gobierno de la presidenta.

Por su parte, en relación con los escándalos de corrupción, la opinión pública sancionó a la presidenta: 85% de los peruanos consideró en abril de 2024 que la mandataria buscaba entorpecer la investigación fiscal (Ipsos, 2024). La respuesta de Boluarte a estas imputaciones consistió en victimizarse, alegando sufrir una persecución política por su condición de mujer. Su defensa mediática se condensa en su recordada frase: “¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”. Sin embargo, los hechos y evidencias no sostienen su argumento.

Los calificativos atribuidos a Boluarte no son suficientes para caracterizar la situación como una persecución sexista o un acoso político, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Este tipo de acoso ocurre cuando se afecta el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres debido a su condición de género. Los cuestionamientos a Boluarte se basan en acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, las cuales se agravan por las cambiantes versiones sobre el origen de los artículos de lujo que ha exhibido en múltiples ocasiones. Es crucial diferenciar entre la legítima rendición de cuentas y el acoso político basado en motivaciones discriminatorias. La lucha contra la corrupción y la promoción de la equidad de género son objetivos complementarios que deben abordarse de manera integral y sin comprometer los derechos individuales. Alegar una persecución con motivos de género que no corresponde a la realidad es un acto que no solo instrumentaliza las dificultades de las mujeres en política, sino que pone en peligro y deslegitima los testimonios de quienes realmente han experimentado dicho problema.

Asimismo, la presidenta ha proclamado un compromiso general con la lucha por los derechos de las mujeres. Sin embargo, durante su mandato se han producido importantes repliegues en materia de derechos políticos femeninos. El más reciente ocurrió el 10 de mayo de este año: la aprobación del dictamen que modifica el artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales. En la práctica, este cambio elimina la alternancia en las listas presidenciales, así como la paridad horizontal y alternancia en las listas regionales y consejerías. Hasta el cierre de este artículo, no se ha tenido pronunciamiento al respecto por parte de la mandataria, menos una observación o cuestionamiento. Por lo visto, quien se autodenomina la “madre” del país no se preocupa por la mitad de sus vástagos: mujeres que se verán afectadas por los retrocesos que toman lugar mientras ella ostenta el poder.

Finalmente, dentro de un escenario donde la presidenta cuenta con 5% de aprobación (IEP, 2024) y solo 51% de los peruanos apoya la democracia, es importante recalcar que la corrupción profundiza la desconfianza y el rechazo hacia las instituciones públicas. A pesar de ello, es crucial mantener un compromiso firme con la promoción de la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la representación política. Que estas continúen accediendo a cargos de poder es fundamental, ya que su presencia diversifica las perspectivas y experiencias en la toma de decisiones, lo que puede conducir a políticas más inclusivas y equitativas.

Bibliografía

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