Al contrario de lo que nuestra frustración nos lleve a pensar, el Perú se encuentra en un camino de consolidación y no de inestabilidad. Hablar de crisis se ha vuelto un sinsentido porque lo reiteramos hace más de cinco años. Lo no legal, llámese informal e ilegal, se ha consolidado junto con el autoritarismo a merced de los pocos derechos individuales y colectivos que se habían alcanzado hasta entrado el siglo XXI.

La vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí en la presidencia es la etapa culmen de la consolidación autocrática dirigida por el Congreso. Con ello, las bancadas dirigentes y sus líderes tras bambalinas cuentan con un control directo de todas las instituciones formales. Jerí es la encarnación visible de la política peruana más hosca. Un acusado de distintos delitos, entre ellos violación sexual y desacato a la autoridad, así como sospechoso de enriquecimiento ilícito, es el idóneo representante de la institucionalización del sistema de lo no legal, que se ha forjado especialmente desde arriba —pero también desde otros lados— durante décadas en el país. Empresas presuntamente dirigidas por extorsionadores, incumplimiento de funciones en altos cargos, copamiento de poderes, coimas grabadas en directo y presuntas infiltraciones del crimen organizado en puestos de autoridad, por mencionar algunos hechos.

En una conjunción entre coyuntura y necesidad, el disparo de la criminalidad, especialmente con los hechos de la última semana, junto con la búsqueda de limpiarse la mugre con miras a la campaña 2026, el Congreso y los partidos políticos que lo componen avanzaron en su tarea. Ahora pesa menos su mochila, aparentemente, con Boluarte fuera, y están listos en sus carriles para la carrera electoral.

Todo lo ocurrido no son hechos fortuitos, sino una combinación de secuencias y decisiones oportunistas. El Perú nunca tuvo grandes partidos o instituciones democráticas fuertes. Por el contrario, se mantuvieron en una mínima intensidad, permitiendo actuaciones ineficaces. La precariedad e inestabilidad fueron funcionalmente soportadas por aquellos grupos que se han alternado en el poder.

Los intentos de construir democracia fueron muy limitados en la forma y el fondo: democratización sin democracia o democracia sin democratización. En la transición del 2001, se sacrificó la construcción de un sistema efectivo por un mero enfoque en las reglas y procesos. Estos, sin un Estado y sociedad que los soporten y enriquezcan, han terminado en la tragedia que seguiremos viviendo por unos años más. Ya ni esas reglas ni procesos tienen efecto porque hoy la excepción se ha vuelto regla.

La institucionalización de lo no legal mantiene un orden en el que se agudiza la suma cero, y quienes vienen ganando en la cancha peruana lo hacen con creces. Este es un orden que ha engendrado mayor polarización, fragmentación y aprovechamiento. Es el perfecto estado para la convergencia autoritaria: así lo demostró Boluarte y así lo representa Jerí o quien sea que este Congreso quiera elegir. Este orden se ha tejido en diversos periodos y con diferentes colores, avalando el atropello de derechos, el hambre, la subsistencia como pauta y la cultura del traspaso. La informalidad fue impuesta como modo de sobrevivencia, pero también fue apropiada por quienes podían sacar más provecho. Lo ilegal se erigió como el ápice, y fue custodiado y posteriormente legalizado. El Perú ilegal es la consecuencia de una serie de decisiones y ganancias.

Lamentablemente, parte del clamor ciudadano de hoy busca ser atendido con propuestas de mano dura. ¿Cuál será la figura autoritaria que empate con nuestra sangrante herida de país? Se viene demandando la versión peruana de un Bukele, sin darnos cuenta de que ese inmediato “remedio” será peor que nuestra histórica enfermedad.

Nuestros muertos yacen en la injusticia que no podemos reproducir más. Una sustantiva democracia se hace hoy más que necesaria, y solo considerando nuestra realidad podemos siquiera divisarla. El poder ilegal y autoritario que nos gobierna dista mucho de ser indeleble; he ahí donde radica la necesidad de seguirlo ejerciendo y expandiendo por parte de sus representantes. Sin embargo, en ese movimiento anida también la posibilidad —y necesidad— de transformarlo. La ruta y los compromisos están abiertos a discusión y a la acción, pues la disputa del poder y su redefinición son tareas urgentes.