Desde la disolución del Congreso el 30 de septiembre pasado, se vienen esbozando dos defensas de la institucionalidad entre quienes respaldan la medida y quienes se oponen a ella. La defensa que más seguidores cuenta es la versión del gobierno: el Congreso pasado -a punto de perpetrar un copamiento con personajes afines en el Tribunal Constitucional (TC)- rechazó la confianza solicitada por el gabinete Del Solar en el momento que la cuestión previa solicitada por la congresista Indira Huilca fue rechazada. El gobierno no sólo habría respetado el marco legal sino que habría actuado en pro de un bien superior: evitar que toda la agenda anticorrupción del gobierno y las investigaciones en curso en el Poder Judicial se vean retadas desde el máximo ente de interpretación de la Constitución.

La segunda versión, de manos del fujimorismo y de sus aliados, es que la cuestión de confianza fue efectivamente votada y aprobada, justo cuando el gobierno ya había tomado la decisión de disolver el parlamento. El Congreso habría hecho respetar sus fueros, siguiendo la agenda del día que incluía la elección de miembros del Tribunal Constitucional, pero también habría mostrado sentido de cooperación con el Ejecutivo a través de la aprobación de su cuestión de confianza que -en principio- hubiera retrasado el nombramiento de los demás magistrados del TC.

Como bien se ha señalado durante la agitada semana posterior al 30-S, los vacíos normativos en torno a la aplicación de la cuestión de confianza han jugado favorablemente al gobierno: allí donde el texto constitucional deja espacio para las interpretaciones, los actores políticos mejor posicionados ante la opinión pública tienen la primera palabra. El gobierno descubrió -al menos desde mediados de 2018- que confrontar al fujimorismo era un juego de suma positiva ante la opinión pública. Sin embargo, el poder del fujimorismo en otros ámbitos -el parlamentario, ciertamente, pero también su ascendencia sobre ciertas elites del empresariado nacional, como quedó claro con el pronunciamiento de CONFIEP- llevó al Ejecutivo a no jugar con la disolución del Congreso hasta que un tema realmente central ponga en peligro la misma supervivencia del gobierno. Era más seguro que un TC cercano al fujimorismo habría comprometido el corazón de la agenda reformista del gobierno en los próximos años.

Decantada la situación a favor de la versión del gobierno, es fundamental que la defensa de las instituciones no sea encarpetada en los próximos meses, tanto bajo el período en que se legislará mediante decretos de urgencia, como durante el próximo (breve) período parlamentario. Es muy probable que el gobierno concentre su legislación prioritaria en los próximos cuatro meses en la “aceleración” económica y en enviar guiños al gran empresariado en torno al compromiso del gobierno con el modelo económico liberal. Sin embargo, es importante que la agenda de fortalecimiento institucional no decaiga y que se vea materializada tanto en pronunciamientos de la vocería del gobierno como en normas concretas que puedan aprobarse durante el interregno parlamentario. Por ejemplo, hay una larga lista de reformas legales pendientes, en todos los sectores, que ayudarían a transparentar la acción del Estado Peruano. De otro lado, la campaña electoral -a falta de candidatos presidenciales que acompañen a los candidatos a congresistas- debería estar centrada en el compromiso de los postulantes a aprobar en dos legislaturas las reformas que requieran modificaciones constitucionales. Si bien no queda claro que el gobierno vaya a presentar candidatos directamente, su papel sí podría ser de pedagogía política, recordando a la ciudadanía el por qué se llegó a la situación del 30-S, y sobre la importancia de votar por quienes se comprometan a construir y mejorar instituciones.

En otras palabras, las credenciales institucionalistas del gobierno quedarán verdaderamente retratadas en los próximos cuatro meses: sin duda, un aparcamiento de la reformas de fortalecimiento institucional nos traería de vuelta al círculo vicioso de quienes -en política- sólo piensan en el corto plazo.