“Ricos” e “informales” en la discusión sobre la propuesta de delegación de facultades tributarias al Gobierno

Las discusiones posteriores a la propuesta de delegación de facultades tributarias al Gobierno han llevado a una polémica interesante sobre a quién se considera rico en el Perú. Algunas de las medidas, pocas si se ve la totalidad del paquete, apuntan a garantizar una mayor contribución de quienes reciben ganancias de capital o quienes gastan en servicios de la economía digital (probablemente personas con los mayores ingresos económicos). El paquete de delegación incluye medidas bastante razonables con el funcionamiento de una economía de mercado, propias de lo que se esperaría de un ministerio como el MEF; sin embargo, la discusión se ha centrado en aspectos puntuales del discurso del ministro Francke que ha dado nuevos vientos a la crítica contra el Gobierno en su conjunto.

Lo cierto es que los peruanos, preguntados sobre quién debería pagar más impuestos para atender demandas sociales, son claros en atribuirle la responsabilidad a los ricos, particularmente a aquellos con personería jurídica. En una encuesta de agosto de 2020 del área de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, más del 75% atribuía esta responsabilidad a las “grandes empresas”, mientras que más de 20% lo hacía directamente a las personas ricas. Los menos atribuían esta responsabilidad al ente colectivo “todos, ciudadanos y empresas” (3,9%) y apenas 7% mencionaba al sector informal (que no paga impuestos). Esto es homogéneo en todos los niveles socioeconómicos, aunque el nivel A/B sí lidera en considerar que los informales deberían pagar más impuestos (14,6% frente a 3,8% del sector D/E).

En ese sentido, no sorprende las reacciones que hemos encontrado a raíz del paquete tributario. Para los sectores A/B y para la clase media ascendente de las grandes ciudades, los informales son los grandes ausentes del paquete de reformas del Gobierno. Las contrarreformas en ámbitos como el educativo y el de transporte parecieran apuntar a consolidar la idea de que el informal tiene las de ganar con el actual Gobierno, bien sea a través de su discurso —que tiende a invisibilizarlos y subsumirlos en la categoría de pobres— o mediante los congresistas-gestores que representan los intereses de estos en el Congreso. Si bien la informalidad efectivamente nos aproxima a la realidad de miles de peruanos en situación de pobreza, también es cierto que bajo ella se pueden amparar cientos de negocios personales muy lucrativos. La gran reforma tributaria, en ese sentido, pasaría por diferenciar a unos de otros.

De otro lado, para los sectores medios y bajos pagar impuestos es “cosa de otros”: las grandes empresas nacionales y extranjeras, y las personas ricas. Ni siquiera para el caso del IGV —el impuesto regresivo por excelencia que todos pagamos— los ciudadanos son conscientes de la carga personal que este constituye: preguntados sobre qué impuestos habían pagado en el último año (2019), 57,5% de las personas señalan no haber pagado IGV. En general, el régimen tributario peruano sigue siendo una incógnita para la gran mayoría de la PEA en el Perú.

En ese sentido, el gran reto de cualquier reforma tributaria —además de las medidas tecnocráticas y de “mejoras en los márgenes” que en su mayoría ocupan el paquete de delegación del ministro Francke— será aumentar notablemente el exiguo 3,9% que reconoce a la tributación una obligación ciudadana común dentro de los márgenes razonables de la situación económica efectiva de las personas y las empresas.