La pandemia de la covid-19 ha sacado a la luz la situación en que viven los pueblos indígenas de la Amazonía peruana el día de hoy. Frente a la insuficiente y tardía respuesta estatal, han sobresalido la fortaleza organizativa y las reacciones oportunas de las asociaciones representativas de los pueblos indígenas, quienes desde un principio advirtieron al Estado sobre la necesidad de priorizar la atención en el territorio amazónico dada la situación de vulnerabilidad social, el riesgo de etnocidio y la profundización de la pobreza. También han sido notables las diversas iniciativas desplegadas por la sociedad civil y las propias comunidades nativas, las que, ejerciendo su derecho a la autonomía y libre determinación sobre sus territorios, pusieron en marcha una serie de respuestas comunitarias para frenar el ingreso del virus y, posteriormente, movilizar redes de apoyo junto a diversos actores claves.

En este contexto, durante agosto de 2020, se realizó el ciclo temático virtual titulado “Covid-19 en la Amazonía: respuestas ante la emergencia sanitaria y lecciones para el futuro post-pandemia”, conformado por tres videocolumnas y una mesa verde virtual. El ciclo se planteó en torno a dos preguntas centrales: ¿cómo se ha respondido ante la emergencia sanitaria y social ocasionada por la covid-19 en la Amazonía peruana? y ¿qué lecciones nos dejan estas respuestas para afrontar el futuro pospandemia? Para responder a estas interrogantes contamos con  un panel de especialistas conformado por representantes de la academia, de las principales organizaciones indígenas y de las instituciones públicas, a fin de acercar diferentes voces, experiencias y puntos de vista. Entre los y las participantes estuvieron Luisa Elvira Belaunde, docente de la Escuela de Antropología de la UNMSM; Tabea Casique, parte del consejo directivo de CORPIAA y coordinadora de educación de Coica; Norma Correa (docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; Frederica Barclay, presidenta del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú, Equidad); Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, e Isaac Alva, médico salubrista e investigador en salud global de la UPCH.

A modo de balance, quisiéramos resaltar, en primer lugar, las respuestas emprendidas desde los diversos sectores de la población y ámbitos de gobierno ante la emergencia sanitaria. Identificamos así dos momentos clave. El primero corresponde a las respuestas iniciales para prevenir y retrasar el ingreso del nuevo coronavirus a los territorios amazónicos. Este contexto se caracterizó por la rápida reacción de las organizaciones indígenas para convocar a sus líderes y lideresas y elaborar de manera conjunta protocolos centrados en la adopción de medidas de aislamiento, control del territorio y fortalecimiento de las prácticas tradicionales vinculadas a la salud y seguridad alimentaria.

Entre las medidas tomadas, las y los participantes del ciclo temático destacan la activación de cercos epidemiológicos como una estrategia comunitaria con lógica territorial fundamental para ejercer la vigilancia sanitaria y controlar el ingreso de personas por ríos y carreteras a fin de evitar la propagación del virus. Esta estrategia se relaciona directamente con las medidas de aislamiento adoptadas históricamente por los pueblos indígenas, las cuales demuestran la vigencia e importancia de conservar la memoria y responder a las amenazas externas. A su vez ponen de manifiesto la noción y relación de los pueblos indígenas con el territorio, realidad que da sustento al derecho territorial que constantemente exigen al Estado respetar.

El segundo momento, que puede situarse una vez que el virus comienza a expandirse en las zonas rurales y urbanas de la Amazonía,^[1] se caracteriza por la débil y escasa capacidad estatal instalada, así como por la burocracia disfuncional de las instituciones públicas. Esta actitud desidiosa del Gobierno central frente a la situación que enfrentaba la población indígena amazónica en plena emergencia nuevamente puso en evidencia el desconocimiento, desarticulación y discriminación del Estado en relación con la población indígena.

A pesar de esto, en este momento resultan vitales los esfuerzos encabezados por la sociedad civil a través de los colectivos de jóvenes indígenas, medios de comunicación independientes y locales, especialistas en temas de salud, investigadores sociales, artistas y la población en general, que, de manera presencial y por medio del uso de tecnologías y medios digitales, participaron activamente y de distintas maneras en la movilización de los reclamos y necesidades más urgentes para atender a los pueblos indígenas y apoyar el llamado de sus organizaciones en favor del bienestar de su población. Por ejemplo, destacan la creación de los distintos grupos operativos para la vigilancia y atención en salud como el Comando Matico^[2] y los distintos comandos establecidos en las comunidades nativas, los que voluntariamente comenzaron a brindar tratamientos para atender los síntomas del virus empleando plantas medicinales y poniendo en práctica y revalorando los conocimientos tradicionales asociados al cuidado y la salud de los pueblos indígenas.

También destacan el rol de los comunicadores indígenas y las radioemisoras locales para apoyar en la coordinación entre las organizaciones indígenas y las comunidades nativas, brindar información en sus lenguas indígenas y realizar subregistros para el conteo de los casos de morbilidad y mortalidad por covid-19, incluyendo la variable étnica para visibilizar los datos y dar cuenta de la real magnitud del problema que vivían. Cabe añadir la presencia e involucramiento de las congregaciones religiosas y colectivos de especialistas y personas vinculadas a la Amazonía, quienes participaron activamente en la recaudación de colectas económicas para la compra de plantas de oxígeno, medicamentos y suministros básicos para abastecer las postas locales y atender a la población en las comunidades donde había más afectados.

Dentro de los principales problemas, hemos podido ver que las respuestas del Estado han sido planteadas teniendo a Lima como modelo a replicar en todo el país, de modo que la gran mayoría de intervenciones no funcionaron adecuadamente. En su lugar, estas medidas han resultado vectores del contagio que incrementaron la propagación del virus y su expansión a zonas rurales. Es por ello que, como mencionaron las y los participantes del ciclo temático, una lección para el futuro es que la única oportunidad del Estado para actuar con eficacia es incorporar la participación y contribuciones de las organizaciones indígenas desde el inicio de la creación de estos planes, ya que son ellos quienes mejor conocen los recursos que hay disponibles, qué se puede hacer según las condiciones de los territorios y las formas de vida de las comunidades y cómo estas medidas se pueden concretar y articular a las necesidades locales para ser efectivas y sostenibles.

Además, resulta urgente saldar las deudas pendientes del Estado en relación con el acceso de los pueblos indígenas a servicios básicos como agua segura, salud, educación y alimentación, a fin de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales. Esto se vincula con los reclamos que hacen las organizaciones indígenas al Estado para que se realice un cambio en la agenda de la gestión pública que priorice a las poblaciones más vulnerables, entre ellas los pueblos indígenas amazónicos. Esto debe estar acompañado de un control más exhaustivo en zonas de alto riesgo, ya que una de las principales causas de contagio fue que, en plena inmovilización, seguían saliendo transportes fluviales y muchas empresas extractivas seguían operativas pese las restricciones impuestas. A esto se suman las actividades extractivas ilegales y la amenaza permanente que suponen para la población indígena y mestiza que habita los mismos territorios.

Todo este escenario nos conduce a respaldar lo que plantearon las y los participantes del ciclo temático: el futuro depende de que tengamos una reflexión crítica y un permanente sinceramiento respecto a cómo opera el Estado y cuáles son sus principales falencias, a fin de cambiar esta ineficacia y especie de “Estado virtual y ficticio” que no puede atender, planificar, implementar y garantizar derechos en el país. Desde la academia, las organizaciones indígenas y la sociedad civil, debemos trabajar coordinadamente para encaminar estos cambios y promover el ejercicio pleno de la ciudadanía para todas y todos los peruanos. Esto resulta urgente en un contexto en el que las vulneraciones no solo en temas de salud, sino de los derechos en general persisten.

Finalmente, la pandemia ha destapado las deudas históricas pendientes contraídas con los pueblos indígenas, por lo que recuperar el respeto y la atención a estos asuntos es fundamental. Asimismo, se abre la oportunidad de volver a escucharlos y aprender de ellos, reconocer su fortaleza e incorporar sus planes de vida y visiones sobre el bienestar por medio de medidas vinculantes que garanticen su sostenibilidad. Una necesidad lógica para cumplir con esto es dejar de practicar la interculturalidad solo como una retórica, y, en su lugar, implementar políticas públicas que respondan a las características de los territorios, sus habitantes y las necesidades locales. Esto solo será posible a través del trabajo conjunto entre los diferentes sectores, sobre todo, de la mano de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas para avanzar desde un enfoque de equidad y justicia.

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^[1] Expansión potenciada por una serie de desacertados intentos de intervención estatal, como la entrega de bonos, lo que implicó el desplazamiento a las ciudades de muchísimas personas que salieron del aislamiento en sus comunidades y generó contagios masivos en las regiones amazónicas, el colapso de los bancos y el rompimiento de la cuarentena.

^[2] Grupo de jóvenes shipibos de Pucallpa y Yarinacocha que se organizaron para atender a pacientes con síntomas de covid-19 empleando plantas medicinales y administrando fármacos.