Foto: Andina

El Perú es uno de los 20 países más ricos en agua dulce del mundo y al mismo tiempo el tercer país con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. Se expresa, entonces, las dos caras de uno de los principales retos del gobierno frente al bicentenario, en lo referente a  garantizar el pleno acceso al agua a nivel nacional en 2021.

Una meta realmente ambiciosa considerando la discutible actuación del Estado en los no pocos conflictos socioambientales relacionados con el uso de las fuentes primarias de agua, entre los que destacan los proyectos de Tía María y Conga.

No obstante, el Estado peruano ha venido impulsando durante las últimas décadas un conjunto de reformas institucionales orientadas a garantizar tanto la provisión de los servicios de agua potable, como la sostenibilidad de los sistemas de operación y mantenimiento, especialmente en las regiones con menores índices de desarrollo. En esta línea ha adoptado enfoques como el de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se supone debieran traducir   una nueva institucionalidad hídrica que corresponde desarrollen organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Organización Técnica de la Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS).

Pero lo cierto es que la provisión efectiva de los servicios básicos de agua y saneamiento  desborda esta nueva institucionalidad ya que depende en gran medida de una compleja red de actores, y de problemas tales como la infraestructura de transporte, la calidad de la burocracia, las actividades productivas circundantes a las cuencas, la intervención de los Gobiernos Regionales y el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Las condiciones mencionadas, a pesar de las reformas institucionales en curso, aun inciden en el persistente déficit de cobertura de agua apta para al consumo humano.

La ciudad de Pasco es una singular muestra de ello, ya que por su historia extractiva múltiples actores e intereses han disputado a través de los años temas  como la visión del desarrollo, la gestión de riesgos y la creación del valor público. En efecto, la ciudad se fue produciendo no solo como extensión del enclave, sino además como resultado de las grandes brechas entre la urbe predominantemente industrial y las periferias rurales. Estas brechas, al fin, determinaron a través de disputas sobre la propiedad y el ejercicio de la violencia asuntos cruciales como la distribución del agua, las condiciones laborales y el derecho a la ciudad.

Y es que Pasco a lo largo de su historia y a pesar de sus momentos de bonanza ha mantenido la constante problemática de no contar con un sistema adecuado de provisión de agua como condición básica de salubridad.[1] De manera que, a través del desecado de lagunas y la expulsión de humos tóxicos ha constituido y hasta naturalizado un paisaje en donde está en juego  y en condiciones extremas, la salud de sus habitantes.

Sobre la provisión del agua, diversos informes han reportado que existe contaminación grave del recurso hídrico. El mismo sistema de provisión es un factor de riesgo ya que fue diseñado para el suministro del campamento minero y no para el abastecimiento de la ciudad, pues en él se hallaron cantidades considerables de minerales que superan los estándares aceptados.

De manera que, desde 2007 un conjunto de actores institucionales como los gobiernos subnacionales y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), plantearon la necesidad de un proyecto de agua potable. Como resultado de estas gestiones en 2008 se declaró su viabilidad pero, ante un presupuesto austero y frente a las escasas capacidades locales, el proyecto fue relegado hasta 2014, cuando es asumido por el Gobierno Regional y financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En la ficha técnica que se diseña se señala que el agua proveniente de la laguna Acucocha será potabilizada y luego suministrada a los distritos de la ciudad.

Cabe agregar que este impulso por ejecutar el proyecto guardó una estrecha relación con las declaratorias de emergencia ambiental por parte del Ministerio de Salud en la provincia y región de Simón Bolívar. Desde 2012 se habían hecho llegar las denuncias de contaminación por la presencia de metales pesados en la sangre de su población vulnerable.

Las obras fueron iniciadas por el Consorcio Pasco en 2015, sin embargo, la intervención errática de la unidad ejecutora, sobre todo, en los territorios de las comunidades campesinas, ocasionaron las constantes paralizaciones que terminarían por interrumpir las labores por casi dos años.

Y es que, el tan ansiado proyecto generó percepciones contrapuestas en las mencionadas comunidades ya que sus inmediaciones estaban siendo intervenidas sin su consentimiento y, peor aún, sin que ellas resulten beneficiadas.

Correspondería a la nueva gestión del Gobierno Regional lidiar con esta difícil situación, lo que efectivamente hizo a través de la firma de convenios con las cinco comunidades afectadas, contando además con el respaldo de la EPS. Sin embargo, lejos de mejorar el escenario, éste se agravó aún más pues la mayoría de los convenios incluían compromisos controversiales como la construcción de estadios, la electrificación de anexos, la contratación de “empresarios locales”, entre otros problemas.

De modo que a mediados de 2017 el Gobierno Regional asume la administración directa del proyecto y entra en escena el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) l destinado a la elaboración y ejecución de obras para la dotación del agua en las comunidades afectadas. Se configura de esta forma un escenario de colaboración heterogéneo e inestable agravado, además, por condiciones geográficas complejas.

Lo que sigue, es la fragmentación institucional debido a que la lentitud en las obras, así como en los convenios, produjeron una serie de conflictos en los diferentes frentes de trabajo retrasando aún más las labores. Y es que el pliego presupuestal para los convenios requirió de prácticas grises en materia de gestión pública.

Pese a todo, el 7 diciembre de 2018 se inauguró el componente 1 del proyecto correspondiente a la línea central de distribución. No obstante, solo unos días después el flujo se detuvo abruptamente provocando la sorpresa y la indignación colectiva. La prensa informó que solo fue un leve problema técnico, pero con el pasar de los días el problema adquirió proporciones mayores.

Las hipótesis fueron varias: sabotaje, fallas técnicas, estudios de pre factibilidad mal formulados, entre otras. Lo cierto es que los actores políticos involucrados se encuentran afrontando denuncias por corrupción y crimen organizado, y mientras tanto Pasco se sigue muriendo lentamente de sed.

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[1] La provisión es de 2 horas por semana