La salida de Dina Boluarte del poder marca el cierre de un capítulo turbulento, pero no implica el fin de la crisis que atraviesa el Perú. Lo que realmente queda es un país fragmentado, una ciudadanía desencantada y una clase política desprovista de pudor. La inestabilidad política ya no es un episodio aislado: se ha convertido en la forma habitual de subsistir.

El gobierno de Boluarte se caracterizó por ser una bomba andante: denuncias de corrupción, asesinatos producto de la represión policial, los escándalos de los Rolex y las cirugías estéticas, una inseguridad fuera de control y un Congreso que, pese a blindarla una y otra vez, solo esperaba el momento adecuado para soltarle la mano. Según el último Informe de estudios de opinión del IEP,[1] la desaprobación de la exmandataria alcanzó 93%, cifra que supera el 71% registrado a inicios de 2023.

Su caída, por tanto, no fue una sorpresa, sino el desenlace previsible de un gobierno sostenido por el cálculo y la conveniencia. Fue una agonía política que se volvió súbitamente rápida en cuanto Boluarte dejó de ser funcional a quienes la mantenían en pie. Como señala Eduardo Dargent en Demócratas precarios,[2] las élites, entendiéndolas como toda la clase política que nos rodea, solo valoran la democracia mientras esta proteja sus intereses.

El detonante de la caída fue la violencia en Lima: asesinatos de choferes, extorsiones y hasta un atentado al grupo Agua Marina en Chorrillos. Solo entonces —cuando la inseguridad tocó las puertas del poder— el Congreso fingió horror y apresuró la vacancia de una mandataria que había resistido sobre cadáveres. Los muertos del sur no bastaron; hizo falta que la violencia estallara en la capital para que los moralistas “despertaran”. Este quiebre coincidió con el inicio del nuevo ciclo electoral. Cayó Boluarte, sí, pero nos quedamos con un Congreso igual de impopular: el mismo Informe de estudios de opinión del IEP revela una desaprobación del 93%, idéntica a la de la exmandataria. Como advertía el sociólogo Felipe Portocarrero, “la corrupción se ha convertido en un mal endémico de la sociedad peruana, una forma de relación entre el poder y los ciudadanos”. La escena actual no hace más que confirmarlo: todo se negocia, todo se transa, todo tiene precio.

Es así como, el 9 de octubre, varias bancadas —Renovación Popular, Podemos Perú, la Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, entre otras— presentaron al menos cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por la causal de “incapacidad moral permanente”, alegando que su gobierno no había hecho lo suficiente para enfrentar la inseguridad en el país. El punto de quiebre fue el cambio de actitud de Fuerza Popular y APP: el fujimorismo y apepismo, que meses atrás juraban defender la “gobernabilidad” y habían blindado a Boluarte en siete ocasiones, decidieron cambiar de bando. Con su voto, la vacancia estaba asegurada. Al día siguiente, el Congreso consumó el acto: con 122 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, la destitución fue un hecho.

Pero no nos engañemos: esto no fue un triunfo moral ni un acto de justicia, sino una jugada de supervivencia. El Congreso no la vacó por ética, sino porque ya no le servía. La dejaron caer para salvarse ellos ante el creciente descontento ciudadano. Con ese movimiento, los legisladores buscaron presentarse como héroes mientras aseguraban que el nuevo binomio presidencial mantuviera el mismo pacto de impunidad y reparto. Una vez más, las élites políticas y económicas se comprometen con la democracia solo en la medida en que esta protege sus intereses.

Julio Cotler, en la introducción de Las desigualdades en el Perú,[3] advertía: “La debilidad institucional de la región se manifiesta en la captura del Estado por grupos privados —legales e ilegales—, en la extendida corrupción y en la impune transgresión de la ley, que agravan la desconfianza interpersonal, la delincuencia y la inseguridad ciudadana; situaciones que culminan en la privatización del poder y, en el peor de los casos, en la quiebra de la autoridad del Estado”. Todo eso es exactamente lo que vivimos hoy.

También Dargent nos recuerda que las élites manipulan las instituciones a su favor cuando están en el poder y apelan a formas no institucionales de oposición cuando están fuera de él. Así, el tejido de la democracia se desgasta hasta el punto de que ya no podemos decir que vivimos realmente en una.

Ahora, en Palacio de Gobierno se encuentra José Jerí, un personaje tan sintomático de la crisis como sus predecesores. Acusado de desbalance patrimonial y de una denuncia por violación sexual —archivada apenas una semana antes de asumir la presidencia—, y protegido por un nuevo fiscal de la nación vinculado a Los Cuellos Blancos y al cuestionable César Hinostroza, Jerí encarna la normalización del escándalo y la impunidad. Su carrera política es casi un accidente: no llegó al Congreso por votos, sino por reemplazo. Su ascenso a la presidencia no representa renovación alguna, sino la continuidad de una maquinaria política que se alimenta del descaro.

Los días pasan y vemos al nuevo mandatario recorriendo cárceles, posando en incendios o prometiendo estar “con el pueblo” mientras sigue sin gabinete ni rumbo. En apariencia, actúa; en el fondo, solo gana tiempo. Detrás del espectáculo, el Congreso maniobra con calma, calculando qué piezas mover para seguir controlando el tablero.

“Ampay me salvo”, podrían decir los congresistas, satisfechos de haber sacrificado a otra presidenta para seguir respirando. Pero, en el fondo, lo único que se ha salvado es la misma estructura que nos hunde como país. Ojalá no perdamos la mirada entre tanto espectáculo, aunque, si somos honestos, basta asomarse a las redes para ver que a muchos no les importa tener a un presidente tan cuestionable como Boluarte, siempre que simule apagar incendios, aunque sean ficticios.

[1] Ver más en: https://estudiosdeopinion.iep.org.pe/wp-content/uploads/2025/09/IEP-Informe-de-opinion-septiembre-2025-informe-completo.pdf.

[2] Dargent Bocanegra, E. (2009). Demócratas precarios: élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina (2.ª ed.). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

[3] Cotler, Julio y Ricardo Cuenca (eds.). (2011). Las desigualdades en el Perú: balances críticos. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.