Dina Boluarte —y también el Congreso— menoscaba el papel que cumple la opinión pública en todo régimen democrático. Si bien la legitimidad de los gobiernos proviene de la voluntad ciudadana expresada en los procesos electorales, el desempeño gubernamental está siempre sujeto al escrutinio de la opinión pública. Y este escrutinio se manifiesta a través de los medios de prensa, las encuestas de opinión y los diversos foros ciudadanos y populares, con los cuales las autoridades deben y suelen interactuar. De esta manera, por lo menos parte de los actos de gobierno sintoniza o responde a las demandas y requerimientos de la ciudadanía. La interacción entre Gobierno y opinión pública es una práctica habitual y valorada como democrática, pues enraíza a las autoridades en la legitimidad de una opinión pública popular.

Desde la fundación de los regímenes representativos, los diversos gobiernos apelaron a la opinión pública para legitimar sus decisiones, aunque también es cierto que muchas veces se trataba de un gesto retórico. Afirmaron actuar en su nombre, y las visitas a las provincias o la recepción de delegaciones de representantes locales cumplían el ritual de gobernar bajo el mandato popular. Ciertamente, la opinión pública no tiene un carácter unánime; es diversa, contradictoria y apasionada. También es un espacio de competencia y disputa en el cual el propio Gobierno se esfuerza por influenciar y orientar. Pero esa interacción entre gobernantes y opinión pública ha caracterizado a las democracias, y, en casos de manifiesta movilización ciudadana, suele expresarse en la selección de ministros de consenso o en prescindir de los controvertidos. Lo sorprendente de los últimos años es el discurso gubernamental que pretende desconocer el papel de la opinión pública en las democracias.

En efecto, hace poco la presidenta Dina Boluarte, ante las encuestas que le otorgaban apenas 3% de aprobación, declaró, sin reparos, que si deseaban le colocaran cero por ciento de aprobación. Para Boluarte la opinión pública ciudadana no cuenta; es irrelevante como referente para las políticas y decisiones de gobierno. El poder se ejerce al margen del consentimiento popular, y si es necesario en contra de la aquiescencia ciudadana, algo más propio de los regímenes autoritarios que de los democráticos. No resulta extraño, por tanto, su negativa a otorgar entrevistas y declarar ante la prensa por más de doscientos días. Es más, me atrevo a señalar que las masacres de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023 constituyen la manera en que responde a una opinión pública movilizada. La bala y las bombas lacrimógenas son los recursos para interactuar y acallar a una opinión pública opositora.

Ahora bien, este discurso contra la opinión pública trasciende a Boluarte. Desde varios frentes políticos se esgrime la idea de que el Gobierno no tiene por qué considerar a la opinión ciudadana en sus decisiones. En palabras del expresidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesía Ramírez: “Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna” (declaración ante la Comisión de Fiscalización y Reglamento del Congreso, agosto de 2023). Por su parte, para la congresista fujimorista Tania Ramírez la soberanía popular como fuente de legitimidad se agota en el acto electoral. Así, en relación con la vacancia de Dina Boluarte, señaló que si a la ciudadanía “no le gusta, bueno, caballero tienen que aguantar a su Dina porque eso fue lo que eligieron”.[1]

Esto contradice la tradición democrática de admitir que la opinión pública es una manera en que la soberanía popular se expresa. Y contradice también los diversos ejemplos de la historia política peruana en que la manifestación de la opinión pública en las calles terminó en cambios ministeriales o de controvertidas normas gubernamentales. Más aún, significa una ofensiva autoritaria contra los diversos avances en procesos de participación ciudadana, rendición de cuentas de las autoridades y consultas públicas, consagradas en el artículo 31 de la Constitución. Estos mecanismos institucionales se crearon para acortar las distancias entre gobierno y ciudadanía, para canalizar la voluntad popular y fortalecer la democracia.

De modo que lo que está en juego con esta ofensiva contra la opinión pública es el recorte de los mecanismos democráticos, tanto institucionales como no institucionales, con los que cuenta la ciudadanía. Es una contraofensiva autoritaria que pretende crear un sentido común perverso que consiste en la distorsión del concepto de soberanía popular limitándolo al acto de depositar la cartilla electoral en el ánfora y recortando sus otras formas de expresión, como son los foros ciudadanos, los medios de prensa y las manifestaciones públicas de rechazo a determinadas políticas gubernamentales. Recientemente esta opinión pública se expresó en el Teatro Municipal de Puno rechazando la presencia del cuestionado defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. En pocas palabras, se trata de la deformación de la democracia a una suerte de acto electoral delegativo sin controles institucionales ni ciudadanos. Si es que lo permitimos.

[1] La República, 22 de mayo de 2025.