Este artículo plantea que la crisis de criminalidad está generando dos escenarios. De un lado, una corriente de opinión que pone énfasis en una salida represiva, un discurso que apela a la “mano dura” y que sintoniza con las propuestas autoritarias de varios candidatos a la presidencia. Del otro, una opinión pública diversa, con voces de especialistas que señalan que el ascenso de la criminalidad está asociado a la crisis del régimen político y a su impacto en el funcionamiento del Estado. Es decir, el problema implica medidas más allá de las estrictamente represivas. Esta posición crítica ha demostrado que puede dar lugar a movilizaciones ciudadanas como la ocurrida el 21 de marzo a propósito del asesinato del artista Paul Flores.

Las organizaciones criminales están desafiando el ejercicio del poder del Estado y tratando de imponer sus propias reglas a sectores importantes de la sociedad. En algunos casos, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) colaboran o han sido incorporados a este poder paralelo.[i] Frente a esta realidad, la ciudadanía percibe que el Estado viene perdiendo la batalla contra la criminalidad. Más del 90% de la población considera que el actual gobierno está manejando mal o muy mal la lucha contra la delincuencia, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de marzo de 2025.[ii]

Dentro de esta situación de malestar generalizado, la salida autoritaria gana terreno en amplios sectores de la sociedad. La declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, la propuesta inviable de la pena de muerte por parte de la presidenta Dina Boluarte o los proyectos de ley sobre “terrorismo urbano” no abordan los problemas institucionales de fondo de la Policía Nacional y las estrategias de lucha contra el crimen organizado. Ante esa incapacidad estatal, varios actores políticos pretenden canalizar la insatisfacción de la población con propuestas efectistas y demagógicas.

Particularmente, el fujimorismo ha aprovechado esta coyuntura para presentarse como la solución a la crisis. El secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta, declaró públicamente que, si su partido estuviera en el Gobierno, “la criminalidad se acaba rapidísimo como se hizo en los noventa”.[iii] Su propuesta consiste en otorgar mayor inmunidad a la Policía y el Ejército para que puedan desplegar estrategias represivas que, según su opinión, fueron fundamentales para combatir el terrorismo. No obstante, esta opinión omite que fue la inteligencia policial y no la represión indiscriminada la clave para derrotar a los grupos terroristas.

La desesperación ciudadana ha llevado a ejercer “justicia” por mano propia. En Iquitos, vecinos capturaron y golpearon públicamente a presuntos delincuentes, aunque después los entregaron a la policía. En Piura, la muerte de un presunto delincuente a manos de la población desencadenó ataques violentos de familiares y allegados contra las casas de los vecinos que participaron en el linchamiento. Este tipo de noticias empiezan a convertirse en parte del panorama cotidiano del Perú de los últimos años. La percepción de abandono estatal se refleja en una encuesta del IEP (enero de 2025), en la que 52% de los encuestados manifestó su intención de portar armas de fuego para su autoprotección.[iv] Esta cifra es mayor en quienes han sido víctimas de la delincuencia en el último año. La posibilidad de tener una población armada incrementaría la violencia al volver difusa la barrera entre legítima defensa y venganza.

Ahora bien, paralelamente a esta inclinación autoritaria existe una corriente ciudadana con colectivos que demandan reformas institucionales (profesionalización continua, procesos de control interno, optimización de la escala de salarios, protocolos contra la corrupción, entre otras) y debate público de estrategias represivas que no impliquen la vulneración de los derechos humanos. La ya mencionada muerte de Paul Flores impulsó la movilización de miles de ciudadanos y ciudadanas que no necesariamente demandan una salida autoritaria. La “marcha contra la inseguridad” logró reunir a sectores heterogéneos del país que exigieron al Gobierno medidas eficaces para combatir la delincuencia. Este fenómeno trascendió Lima, pues ciudadanos de Piura, Trujillo, Arequipa, Ayacucho, Junín, Tumbes, La Libertad y Puno también alzaron sus voces de protesta en las calles.

Hubo voces que quisieron empañar la marcha criticándola de “politizada”, como si el reclamo de políticas eficientes y cambios en el Ministerio del Interior no fuera un derecho ciudadano. Esta crítica ignora que las acciones colectivas son eminentemente políticas, así como mecanismos válidos de una sociedad democrática. Gracias a ellas, la población emite su voz, plantea demandas y críticas al Gobierno, así como participa e influencia en la toma de decisiones. Si bien la movilización tuvo el efecto de la censura del cuestionado ministro del Interior, Juan José Santivañez, la formulación de políticas contra la criminalidad requiere de un debate público amplio.

La crisis de la criminalidad también ha dado lugar a diversas formas de organización ciudadana para protegerse de la delincuencia. Entre ellas, la organización comunitaria ha tenido un aumento destacado. Como señala la encuesta del IEP de enero, el 41% de los encuestados declaró haberse reunido en los últimos 12 meses con sus vecinos para organizarse y protegerse contra la delincuencia. Esta forma de cooperación vecinal puede generar o reforzar vínculos entre los ciudadanos, además de contribuir a formar conciencia sobre la necesidad de plantear soluciones de fondo a la crisis criminal del país.

Estas formas de participación o asociación ciudadana promueven reformas institucionales, el fortalecimiento de la policía y la implementación de políticas preventivas. Es decir, abren la posibilidad de un escenario de movilización democrática que presione por políticas y estrategias de fondo contra la criminalidad.

Ciertamente, este es un escenario complejo. La movilización ciudadana es diversa, con colectivos y voces importantes, pero todavía sin un espacio o foro de coordinación que unifique una agenda de propuestas y concierte acciones capaces de influir en los poderes públicos. Este es un proceso que toma tiempo, pero es capaz de construir soluciones más duraderas y legítimas. Su efectividad dependerá de la capacidad para formar coaliciones amplias y del papel que asumiremos desde nuestros espacios profesionales, gremiales, institucionales, vecinales o ciudadanos.

[i] Véase <https://ojo-publico.com/5489/unidades-pnp-investigacion-desmanteladas-e-infiltradas-por-crimen>.

[ii] Instituto de Estudios Peruanos (2025). Informe de opinión de marzo de 2025. Disponible en: <https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2025/03/IEP-Informe-de-opinion-marzo-2025-informe-completo.pdf>.

[iii] Véase <https://www.exitosanoticias.pe/politica/galarreta-si-fuerza-popular-fuera-gobierno-criminalidad-acaba-rapido-como-90-n147979>.

[iv] Instituto de Estudios Peruanos (2025). Informe de opinión de enero 2025. Disponible en: <https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2025/01/IEP-Informe-de-opinion-enero-2025-informe-completo-1.pdf>.