Sabemos que a comienzos del siglo XIX el talento de los grandes músicos se traducía en introducir variaciones dentro de un tema básico. La improvisación demandaba una combinación de conocimiento musical, creatividad e inspiración. Pareciera que esas no son cualidades de quienes venimos de las ciencias sociales. Basta seguir los análisis a los que nos tienen acostumbrados la mayoría de colegas para percatarse de que los temas y argumentos giran en círculo. Da la sensación de que la política peruana es siempre más de lo mismo.

Y así ocurre que, en un país que en los últimos quince meses ha tenido cambios dramáticos, todo suena a lo ya conocido y no explorado con profundidad: la extendida corrupción, la ya casi sepultada  historia de la renuncia de un presidente, el  protagonismo de fiscales y jueces y una iniciativa de referéndum que cambia menos de lo que dijo proponer y en donde aquellos que la llevaron adelante ni siquiera están de acuerdo con algunas  de las transformaciones que al final impulsaron. Mientas tanto, contamos con políticos con el discernimiento oscurecido sobre su suerte, junto con  razonamientos de ocasión  como  las oscilaciones en el apoyo al presidente  o la virtud de renovar gabinetes para introducir aire fresco o iniciar nuevas etapas. Vizcarra constituye un liderazgo de baja intensidad  suspendido en frágiles equilibrios. El presidente importa y no.

En medio de esta condición tan precaria, se percibe que a lo más que llegamos al opinar sobre la labor del gobierno es a razonar en  objetivos fijados por etapas donde las reformas jurídicas y políticas ocupan un lugar central y esperan ya su turno a las económicas. Nos encontramos ante la intervención de expertos o personas que formulan opinión desde discrepancias álgidas pero que no consiguen ubicarse a nivel de hacer argumentos consistentes sino de entretejer pequeñas historias. Entre tantas otras, como la interpretación del acuerdo de Odebrecht, un tema de por sí complejo pero que impresiona  por la  endeblez de las objeciones formuladas, particularmente porque no se atisba otras salidas posibles y que extendería un manto de protección a muchos de los que pueden ser principales inculpados. Quizás valga entonces la pena la disonancia. Me referiré a  dos de ellas.

Parece emerger en el Perú una discusión, mucho menos  explícita que en el caso brasileño,  entre el activismo judicial y la judicialización de la política  y  sus  consecuencias en la  institucionalidad democrática. Como se sabe, el common law de la tradición anglosajona le da importancia a las interpretaciones de jueces y Cortes en la elaboración del derecho y  la definición de la política en algunos temas cruciales.  Por su parte, los ordenamientos jurídicos de América Latina tenían al Poder Judicial como un comportamiento estanco, aplicaban -por lo menos en teoría- con rigidez las normas y el encapsulamiento era a veces condición de su independencia. Por su puesto que este aislamiento era interrumpido cada tanto por asaltos desde el poder tanto del legislativo como del ejecutivo que al nombrar a los integrantes de estas entidades, entraban en el  juego de los favores y las  lealtades.

El llamado activismo judicial que influye en constituciones, códigos y  leyes  de la región desde hace más de 20 años  buscaba objetivos que, sin oponerse a las normas vigentes, se encontraba  opuesto a interpretaciones literales. Estas interpretaciones heterodoxas iban tanto en contra de adecuadas protecciones  de los  derechos que en teoría el ordenamiento jurídico pretendía defender como de una adecuada interpretación sistemática.  Aunque  este proceso de activismo judicial se asocia tareas fundamentales que deben emprenderse durante las transiciones democráticas como defensa del Estado de Derecho, derechos humanos, atención a grupos vulnerables,  también en ocasiones deriva en acusaciones mal fundamentadas o resoluciones apresuradas, detenciones preventivas que pueden ser arbitrarias, acusaciones de mala fe contra fiscales y jueces y protagonismos de  parte de estos que a veces pueden situarnos en la inseguridad acerca de lo que se decide y de las razones esgrimidas para ello. En el caso peruano es razonable creer en los fiscales pero no darle un cheque en blanco sobre su capacidad.

Y por otro lado la judicialización de la política que refiere a que desde el congreso, el ejecutivo o desde organizaciones de la raleada sociedad civil reclaman al poder judicial o buscan llegar a él desde la crítica, el fracaso o la urgencia cuando cualquier negociación o mediación política se da por perdida. No es casualidad entonces que estemos discutiendo sobre reformas políticas y del sistema de justicia, que se vayan acumulando, que se reclame por ellas y que a la vez no se concreten. En parte, pero no únicamente, por el conflicto entre el ejecutivo y el congreso que ha   perdido parte de su fuerza por las deserciones generalizadas de parlamentarios y la creciente debilidad de Fuerza Popular.

¿Y acaso no sea  una buena medida separarnos de lo la afirmación de Margaret Thatcher que la sociedad no existe, saber que hay que emprender reformas, algunas urgentes,  pero no hacerlas el centro de las soluciones  y enfrentar situaciones políticas y sociales que nos enfrentan a problemas  más desafiantes y que estamos dejando de lado?

Foto: El Comercio